Aguascalientes, Aguascalientes. - En una controvertida decisión, el Congreso de Aguascalientes aprobó este miércoles una reforma que reduce de 12 a seis semanas el límite para la interrupción voluntaria del embarazo. La medida, que fue respaldada por 19 votos a favor y seis en contra, generó una fuerte reacción tanto a nivel local como nacional, ya que contraviene un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional la prohibición del aborto en este estado del centro de México.
La nueva legislación, impulsada por la mayoría del derechista Partido Acción Nacional (PAN), establece penas de tres a seis meses de cárcel y sanciones económicas para quienes aborten después de la sexta semana de gestación. Además, la ley elimina el término "personas gestantes" utilizado por la SCJN, y ahora exige que al menos dos trabajadores de la salud verifiquen si un aborto espontáneo fue realmente involuntario, lo que generó preocupaciones sobre el aumento de la criminalización de las personas que sufren abortos.
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Es necesario subrayar que la reforma fue fuertemente criticada por organizaciones feministas y de derechos humanos, quienes calificaron la medida como un "retroceso sin precedentes" en la garantía del derecho al aborto. En un comunicado conjunto, asociaciones como Marea Verde, Abortistas, México Igualitario y Mexicanas en Acción Positiva advirtieron que la nueva legislación pone en riesgo la salud y la autonomía de diversas personas, incluidas niñas, adolescentes, mujeres, hombres trans y personas no binarias.
La iniciativa viola el principio de progresividad y no regresión de los derechos humanos, así como el derecho a la igualdad, la no discriminación y la salud", señalaron en el pronunciamiento. Las organizaciones también alertaron que esta reforma podría sentar un precedente peligroso, alentando a otros estados a seguir el mismo camino y reducir el límite de semanas permitidas para abortar, a pesar de los fallos de la SCJN.
La decisión del Congreso de Aguascalientes llega en un contexto en el que la Suprema Corte ha avanzado significativamente en la protección del derecho al aborto. En septiembre de 2021, la Corte declaró inconstitucional que cualquier estado del país prohíba de forma absoluta el aborto, y en septiembre de 2023 invalidó el crimen de aborto del Código Penal Federal. Sin embargo, la realidad es que la interrupción del embarazo sigue dependiendo en gran medida de los códigos penales de cada entidad federativa, lo que ha generado una disparidad en el acceso a este derecho a lo largo del país.
La aprobación de esta reforma en Aguascalientes no solo representa un desafío directo al poder judicial, sino que también pone de relieve las tensiones persistentes entre los derechos humanos y las agendas políticas en México. La respuesta de la SCJN y la reacción de otros estados ante esta medida serán cruciales para definir el rumbo del debate sobre el aborto en el país.
Mientras tanto, la preocupación por el impacto de esta ley en las personas gestantes y el temor a un incremento en la criminalización de quienes decidan interrumpir su embarazo después de las seis semanas son latentes. El futuro de los derechos reproductivos en México se enfrenta a una encrucijada, con Aguascalientes ahora en el centro del debate.
Fuente: Tribuna