Lima, Perú.- Pedro Castillo se encuentra encarcelado, debido a que el pasado miércoles declaró que disolvería el Congreso de Perú y que determinaría estado de emergencia en la nación que gobernaba, no obstante, los planes del exmandatario se vieron frustrados cuando su propia escolta lo detuvo entregó a las autoridades nacionales. Este hecho histórico ha marcado un antes y después en el país peruano, en el que siete personas ya murieron.
Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.
Te podría interesar
El encarcelamiento de Pedro Castillo no fue apoyado ni respaldado por la nación peruana, pues un sector importante de la población se movilizó en diferentes ciudades de Perú para exigir no solo la liberación del expresidente, sino la renuncia de Dina Boluarte, la actual de Jefa de Estado. Sin embargo, las protestas ya han dejado un saldo rojo de siete muertos y más de 30 heridos; la mayoría serían civiles.
De acuerdo con el Gobierno Regional de Apurímac, en la jornada del pasado lunes 12 de diciembre se reportaron 34 personas lesionadas en medio de las protestas, de las cuales 28 serían civiles y seis, policías. Por otra parte, autoridades nacionales señalaron que al menos siete personas han perdido la vida en movilizaciones y enfrentamientos entre agentes de la Policía y civiles, hechos ocurridos en el sur de Perú.
Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.
Del total de decesos, cuatro se han registrado en el Departamento de Apurímac; otras tres han ocurrido en Arequipa, según las direcciones regionales de salud de ambas regiones. El día de ayer se compartió que dos de las víctimas mortales serían jóvenes: uno de 15 años, que recibió un balazo, y otro de 18, que tuvo un fuerte golpe en el cráneo. Sobre los lesionados, se tiene conocimiento de que 18 serían hombres y 10, mujeres.
Ante estas cifras, la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte declaró estado de emergencia en las regiones donde la violencia ha ido en aumento. Señaló que desea que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Fuente: Tribuna