Buenos Aires, Argentina.- Un tribunal condenó a la vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por defraudación al Estado. Sin embargo, el castigo es mucho mayor, pues la política sudamericana fue inhabilitada para ocupar un cargo público por el resto de su vida.
En ese sentido, la Corte, integrada por tres jueces, calificó como probada la administración fraudulenta de Fernández, aunque desestimó las acusaciones de la Fiscalía en cuanto al supuesto liderazgo de una asociación ilícita y por los cuales había sido condenada a 12 años de prisión. En ese sentido y la razón de esta decisión es debido a que se le halló culpable de adjudicar de forma irregular al menos 51 obras viales con fondos nacionales a Lázaro Báez, empresario allegado a la política argentina, lo que significó una defraudación al Estado cercana a los mil millones de dólares.
Estos hechos se registraron entre 2007 y 2015, periodo en que Fernández fue presidente de la nación sudamericana. Se detalló que mediante extracción de fondos del Estado se benefició de manera personal. Sin embargo, debido a su cargo público, tiene protección legal y civil, por lo que es un hecho de que no pisará la cárcel. El fallo puede ser apelado y quedará firme cuando así lo resuelva la Corte Suprema de Justicia. Hasta entonces, la vicepresidenta podrá postularse para cualquier cargo de elección popular.
El Tribunal Federal 2 de la ciudad de Buenos Aires condenó a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en un fallo que puede apelarse. La expresidenta fue hallada culpable del delito de "administración fraudulenta" en la causa conocida como "Vialidad". En ese sentido, también se condenó a seis años de prisión al empresario de la construcción Lázaro Báez.
Ante esto, cientos de simpatizantes de Cristina Fernández comenzaron con movilizaciones, pues aseguran que la vicepresidente es inocente de los cargos. En ese marco, negó los cargos durante el juicio y denunció que se trata de una persecución política. Según dijo previamente, esta acusación de corrupción no tiene fundamentos y se trata de una persecución en su contra y de su proyecto político.
La verdadera condena es la inhabilitación
Después de esta noticia, realizó un vídeo en directo en el que explicó las razones y las fallas en el sistema, por las cuales la condenaron y aseguró que no buscaban que fuera a prisión, sino que no buscara la presidencia en las siguientes elecciones. En ese sentido fijo: “Esta es la verdad de la milanesa, voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre de 2015 y me voy a mi casa”, asegurando que no se postulará a la presidencia.
Finalmente retó a sus detractores a tomar la decisión de meterla a prisión el 10 de diciembre porque ya no será presidenta y culminó con una declaración fulminante al afirmar que no tiene miedo que antes del 10 de diciembre de 2023 “le peguen un tiro”.
Fuente: Tribuna