La Paz, Bolivia. - Evo Morales, expresidente de Bolivia (2006-2019), se encuentra nuevamente bajo el escrutinio legal. La fiscalía del departamento de Tarija reabrió un caso relacionado con el presunto estupro de una menor de 15 años cuando Morales aún era jefe de Estado. La investigación ha escalado a posibles delitos de trata y tráfico de personas, en un momento crítico de tensión política entre Morales y el actual presidente boliviano, Luis Arce, quien fuera su aliado político.
Por su parte, Morales, de 63 años, desestimó las acusaciones calificándolas de “otra mentira más” y recordó que en 2020 ya se había investigado el caso, resultando en la desestimación de los cargos. Sin embargo, la fiscal Sandra Gutiérrez ordenó la aprehensión del líder cocalero el 26 de septiembre, aunque la medida fue anulada por una jueza días después.
Te podría interesar
Para quien no lo sepa, el caso se remonta a hechos ocurridos en 2015, cuando Morales presuntamente tuvo una relación con la menor, de la cual nació una hija en 2016. La fiscalía sostiene que los padres de la joven la inscribieron en la “guardia juvenil” de Morales con la intención de obtener beneficios políticos, lo que configuraría el delito de trata de personas.
El reciente resurgimiento del caso ocurre en medio de una encarnizada disputa entre Morales y Arce por el liderazgo del Movimiento al Socialismo (MAS). Desde que abandonó la presidencia tras las controvertidas elecciones de 2019, Morales ha buscado recuperar su protagonismo en la política boliviana, desafiando abiertamente a su exministro de Economía y actual presidente, Luis Arce.
El enfrentamiento entre Morales y Arce ha polarizado al MAS y desencadenado manifestaciones y enfrentamientos entre las facciones “evista” y “arcista”. En septiembre, Morales encabezó la “Marcha para salvar Bolivia”, una caminata de 190 kilómetros hacia La Paz para presionar al gobierno de Arce. Durante la movilización, Morales denunció que el gobierno buscaba “proscribirlo” a través de múltiples procesos penales simultáneos.
“El escándalo tiene ribetes de pugnas internas, porque si no estuvieran peleados evistas y arcistas, nunca se habría sabido”, comentó el abogado y analista boliviano Williams Bascopé. Además, la socióloga María Teresa Zegada de la Universidad Mayor de San Simón advierte que la disputa podría tener serias consecuencias políticas: “Esta denuncia entra en el juego de la disputa política y puede que genere una indignación generalizada en la gente ante la posibilidad de que Morales sea culpable”.
La reapertura del caso llega en un momento delicado para Morales, que ha dejado claro su interés en postularse nuevamente a la presidencia en 2025, a pesar de que el Tribunal Constitucional le cerró la puerta a una tercera reelección. Si la denuncia prospera, podría afectar gravemente sus posibilidades de competir en las elecciones internas del MAS y, en última instancia, en las presidenciales.
Se afectaría muchísimo su imagen y sus posibilidades de volver a ser un actor político”, señala Zegada. La nueva acusación de trata y tráfico de personas, sumada a las pugnas internas, podría no solo desestabilizar a Morales, sino también reconfigurar el escenario político en Bolivia.
Mientras tanto, Luis Arce no ha confirmado si buscará la reelección, pero el ala “arcista” del MAS ha expresado su apoyo a su continuidad. Morales, por su parte, ha señalado que la resolución del caso dependerá en gran medida de la conformación del próximo tribunal constitucional, que será elegido en diciembre por voto popular.
La política boliviana se encuentra en un momento de máxima tensión, y la decisión del tribunal podría ser determinante para el futuro del liderazgo del MAS y de Evo Morales. Con la producción y el protagonismo de este nuevo escándalo, la figura del exmandatario parece estar en riesgo, enfrentándose tanto a un desafío judicial como a la pugna por el control de su propio partido.
Fuente: Tribuna