Australia.- ¿Hasta qué punto son aceptables las creencias religiosas? Es una pregunta que se abre a partir del caso de una niña de ocho años que falleció por una diabetes que no fue tratada, pese a que recibió un diagnóstico
oportuno. Los padres de la pequeña me arrebataron la oportunidad de vivir un puñado de experiencias reservadas a la adolescencia, adultez y vejez, al decidir que ella se curaría por obra de Dios. Al mezclar temas de fe con aspectos de salud, Jason y Kerrie Struhs cortaron toda posibilidad de que Elizabeth Struhs se recuperara.
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De acuerdo con medios periodísticos, los doctores le comunicó a la familia la necesidad de que la niña recibiera insulina. Sin embargo, los padres y el hermano de Elizabeth se opusieron sin siquiera haberlo discutido o pensado antes. Su respuesta se basó en los principios de la secta The Saints, de la que son parte.
Pese a que la menor de edad agonizaba, postrada en la cama de un hospital, los parientes no cedieron. Por el contrario, llamaron a otros integrantes de la secta, incluyendo al líder, Brendan Stevens, para reunirse alrededor de Elizabeth para rezar con el objetivo de que sanara. Desde luego, la ansiada curación nunca llegó, lo que cobró la vida de la niña.
Por este hecho, las autoridades australianas resolvieron vincular a juicio tanto a los tutores Elizabeth, como el líder de la secta. En conjunto, son señalados de asesinato por negar el acceso a medicamento. En cuanto a Zachary Struhs, hermano de la menor, y los 11 feligreses que participaron el ritual 'sanador' afrontan cargos de homicidio imprudente por haber aconsejado, facilitado y colaborado con los padres de Elizabeth.
El caso se calificó como complejo, por lo que se llevará a cabo únicamente con la presencia de juez, dejando el espacio del jurado vacío. Trascendió que ninguno de los imputados ha solicitado el apoyo de algún abogado, ni han solicitado libertad bajo fianza. Se habla de una cadena tentativa correspondiente a cadena perpetua. Será el juez Martin Burns, del Tribunal Supremo de Queensland, la máxima instancia judicial de esta jurisdicción del noreste de Australia y con sede en la ciudad de Brisbane, quien determine la situación legal de cada uno de los 14 implicados.
Fuente: Tribuna Sonora