Los Ángeles, California. - El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó una controvertida decisión al eliminar las restricciones para realizar detenciones de migrantes en lugares previamente considerados “protegidos” como escuelas, iglesias y hospitales. El anuncio, hecho público este martes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), marca un cambio drástico respecto a las políticas implementadas bajo la administración Biden.
Por medio de un comunicado, el secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, confirmó el fin de los lineamientos establecidos en 2011 que impedían realizar operativos en sitios “sensibles”. Según Huffman, la medida busca empoderar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para que puedan aplicar la ley de manera más efectiva.
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La Administración Trump no atará las manos de nuestras valientes fuerzas del orden”, señala el comunicado. “Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados”. Huffman justificó la medida asegurando que su objetivo principal es capturar a migrantes que hayan cometido delitos graves, como asesinatos o violaciones.
Además, la Administración Trump anunció el fin del uso extendido del programa de libertad condicional humanitaria (parole), que anteriormente permitía a ciertos migrantes vivir y trabajar temporalmente en el país. Según Huffman, la administración Biden-Harris “abusó” de este mecanismo al permitir la entrada de aproximadamente 1.5 millones de migrantes. “Esta acción devolverá el programa a su propósito original de evaluar caso por caso”, agregó.
La decisión ha generado una ola de críticas por parte de activistas y organizaciones de derechos humanos. Líderes comunitarios argumentan que la posibilidad de realizar detenciones en lugares como escuelas o iglesias generará un clima de miedo entre las comunidades migrantes, afectando particularmente a los niños.
Los padres tendrán miedo de enviar a sus hijos a la escuela, las familias evitarán buscar ayuda en hospitales, y muchas personas dejarán de asistir a servicios religiosos. Esta política tiene un efecto devastador en nuestra sociedad”, comentó Ana Pérez, representante de una organización pro derechos migrantes.
Bajo las directivas anteriores, las llamadas “zonas sensibles” ofrecían una medida de protección que permitía a los migrantes acceder a servicios básicos sin temor a ser arrestados. Con la nueva política, se teme que estas áreas dejen de ser espacios seguros, incrementando la vulnerabilidad de las comunidades indocumentadas en el país.
La implementación de esta medida subraya un enfoque más restrictivo hacia la inmigración y representa un punto de quiebre con las políticas humanitarias promovidas por administraciones previas. Mientras tanto, las comunidades migrantes y defensores de derechos humanos continúan luchando para evitar que estas medidas afecten a las poblaciones más vulnerables.
Fuente: Tribuna