Honduras.- La presidenta Xiomara Castro encendió aún más la crisis poselectoral en Honduras al afirmar que las elecciones generales del pasado 30 de noviembre sufrieron un "golpe electoral" y, por tanto, están viciadas de nulidad. La mandataria aseguró que llevará esta denuncia ante Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea, la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y otros organismos internacionales. "Mi deber como presidenta y como mujer surgida de la resistencia es defender la democracia, la dignidad nacional y la voluntad soberana del pueblo", advirtió.
Castro también acusó este martes 16 de diciembre de 2025 al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intervenir en los comicios, señalándolo de "trampas, fraudes y manipulación" en los resultados preliminares. Durante un discurso en la inauguración del poder judicial en Olancho, sostuvo que Trump amenazó a la ciudadanía para impedir el voto a favor de la candidata de LIBRE, Rixi Moncada. "Condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos cuando amenazó al pueblo hondureño diciendo que, si votaban por una valiente candidata de Libre, iban a tener consecuencias", afirmó.
Sin embargo, especialistas y observadores coinciden en que las declaraciones de Castro no solo son políticamente imprudentes, sino jurídicamente inviables y democráticamente corrosivas. Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrentó fallas de transparencia y el TREP presentó deficiencias técnicas, ninguna irregularidad conocida explica la caída del apoyo electoral de LIBRE: del 51 por ciento que obtuvo Castro en 2021 al 20 por ciento logrado por Moncada en 2025. Analistas señalan que este desplome responde más bien al desgaste del gobierno y a su creciente distanciamiento con la ciudadanía.
El proceso electoral tampoco está concluido. Aún falta revisar cerca del 12 por ciento de las actas, y la diferencia entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla ronda apenas los 42 mil votos. Aunque un cambio en la tendencia se ve poco probable, no es imposible en un escenario tan estrecho. Restan los escrutinios especiales, la certificación de resultados, las impugnaciones formales y una eventual intervención del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), por lo que aún no puede darse por cerrado el proceso.
En este marco, juristas recuerdan que no existe mecanismo legal alguno para anular los comicios. Insistir en esa narrativa, advierten, alimenta la confusión pública y puede generar más daños que beneficios. Lo más preocupante, señalan, es que sea el propio gobierno quien socave la credibilidad del sistema electoral en un país ya profundamente polarizado y con instituciones debilitadas.
Honduras necesita mesura institucional, certidumbre y transparencia, no declaraciones que agraven la crisis ni acciones que erosionen aún más la confianza en las autoridades electorales y en la democracia. A ello se suma la urgencia de que los sectores políticos, empresariales y sociales contribuyan de manera constructiva a canalizar una salida legal y pacífica al laberinto electoral.
En este contexto, las misiones de observación electoral nacionales e internacionales, especialmente las de la Unión Europea y la OEA, pueden desempeñar un papel clave para verificar el proceso, acompañar el conteo y respaldar, si fuera necesario, un recuento transparente que permita a Honduras recuperar la estabilidad institucional y salir del atolladero político en el que se encuentra inmersa.
Fuente: Tribuna del Yaqui
