Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre denunció la corrupción del gobierno peñista y criticó a la Reforma Energética que aprobaron en 2013 y que años después se denunció que fue gracias a sobornos repartidos por la constructora Odebrecht a los legisladores por medio de Emilio Lozoya, entonces director de Pemex.
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Por eso, los críticos del presidente lo cuestionaron severamente desde que en agosto de 2020, Emilio Lozoya llegó extraditado desde Málaga, España, donde estaba recluido, y se le dejó continuar su proceso en libertad, abriendo las sospechas a un pacto del actual mandatario con los “corruptos” que denunció durante años.
Durante año y medio, la libertad de Lozoya fue un lastre para el presidente y el fiscal general (FGR) Alejandro Gertz Manero, quienes fueron acusados de no actuar con rectitud, protegerlo y retrasar las investigaciones contra uno de los casos de corrupción más grandes reportados en América Latina.
Pero el caso dio un vuelco al revelarse unas fotografías de Lozoya Austin cenando en un restaurante de lujo de la Ciudad de México, lo que causó indignación social y presión al gobierno federal y al Poder Judicial para tomar medidas contra el exdirector de Pemex.
El 3 de noviembre, pocas semanas después del escándalo mediático, se venció el quinto plazo que Emilio Lozoya tenía para entregar las pruebas que involucraran a sus superiores en el caso de Odebrecht y que él se había comprometido a dar como testigo protegido.
Está vez, la actitud de los jueces y la fiscalía con Lozoya fue distinta. Se le obligó a acudir presencialmente a su audiencia por primera vez en 14 meses, se le negó un sexto plazo de dos meses para presentar pruebas y se le cambió la medida cautelar de un brazalete electrónico a prisión preventiva al considerar que tenía las redes y una cuenta oculta de dos millones de euros con la que podría fugarse del país.
- Incapaz de imputar a ‘un diablo mayor’
Para profundizar en la situación de Lozoya contactamos al abogado penalista Juan Antonio Velásquez, conocido por nunca haber perdido ningún caso y trabajar para los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, José López Portillo y Luis Echeverría Álvarez.
“El abogado de los poderosos”, como es apodado, explica que el al llegar a México en calidad de detenido, Lozoya Austin pasó a ser un testigo colaborador bajo un criterio de oportunidad que era una opción para que no se ejerciera acción penal en su contra a cambio de revelar información para incriminar a sus superiores.
El penalista detalla que el criterio de oportunidad aplica para delitos de importancia menor que permitan la reparación del daño y acuerdos con la víctima. Velásquez lo define como el principio de “acudir a un diablo menor para castigar a un diablo mayor”.
Por lo que se ve, no colaboró eficazmente para llegar a otras personas como el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y el expresidente Enrique Peña Nieto. Hasta ahora solamente se ha podido perseguir al exsenador Lavalle", comenta el abogado, pero asegura que la privación de la libertad de Emilio Lozoya no quiere decir que no siga acogido al criterio de oportunidad.
El abogado considera que a la incapacidad de Lozoya Austin para involucrar a altos mandos en los casos de corrupción se la sumó una posible confianza excesiva y soberbia que pudo haber irritado a la Fiscalía General de la República.
El hecho de que el señor Lozoya haya ido a un restaurante no violaba la restricción de no salir de la Ciudad de México, pero la fiscalía, un poco harta por los excesos del señor, ha pedido el cambio de medida cautelar”, explica Velázquez.
Velásquez compartió que un conocido suyo fue involucrado en la lista de personas beneficiadas por Odebrecht entregada por el exdirector de Pemex, pero las acusaciones en su contra no tenían sustento y eran incomprobables.
La fiscalía se encontró con muchos de estos dichos que no pasaron de ser afirmaciones y simples palabrerías sin la posibilidad de ser corroboradas”, dijo Juan Velásquez.
En agosto de 2020, Emilio Lozoya Austin aseguró tener una serie de pruebas que incluyen testimonios y documentos para involucrar en casos de corrupción, entre ellos los de Odebrecht y Etileno XXI, a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, así como a legisladores de las dos cámaras del Congreso de la Unión del primer trienio peñista.
Otro de los involucrados por el exdirectivo de Pemex fue Ricardo Anaya Cortés, expresidente del PAN y candidato presidencial en 2008. Al panista lo acusó de recibir 6 millones 800 mil pesos para votar a favor de la reforma mientras era diputado federal, acusaciones que negó en una serie de videos y señaló inconsistencias en lo dicho por Lozoya.
Hasta ahora, Ricardo Anaya es el único de los tres “grandes diablos” destapados por Emilio Lozoya que han sido citados por la FGR, logrando dos aplazamientos para comparecer ante los jueces.
Por su parte, en noviembre de 2020 un juez consideró que las pruebas e investigaciones presentadas contra Videgaray Caso eran insuficientes para ejercer acción penal contra él, por lo que negó una orden de aprehensión solicitada por la FGR contra el también exsecretario de Relaciones Exteriores.
Todo mundo pretende ser colaborador eficiente con tal de que no se le castigue, pero sus dichos tienen que estar corroborados. En el caso del señor Lozoya, me consta que hay dichos de él que no se pueden comprobar, esos dichos tendrían que ser comprobados por otras personas, pero qué curioso, que esas personas ya fallecieron", concluyó el legista.
Fuente: Staff