Ciudad de México.- El pleno de la Cámara de Diputados, en calidad de Jurado de Procedencia, respaldó la conclusión de la Sección Instructora que confirma la procedencia del desafuero de Uriel Carmona Gándara, fiscal general de Morelos. Este desafuero se fundamenta en la presunta implicación del funcionario en los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y en asumir su cargo sin demostrar haber aprobado los exámenes de control de confianza.
La aprobación del decisión contó con 230 votos a favor, provenientes de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo; 22 en contra de Movimiento Ciudadano y 170 abstenciones de PAN, PRI y PRD. El proceso de desafuero contra Carmona inició en 2020 cuando la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó retirar su inmunidad. En 2021, la Cámara de Diputados determinó que el fiscal no contaba con fuero y podía enfrentar un proceso penal.
El Congreso de Morelos impugnó esta decisión ante la Suprema Corte, la cual le dio la razón, ordenando reiniciar el proceso, que se reactivó en octubre pasado. Durante el Juicio de Procedencia, el representante del Ministerio Público de la Federación señaló que, al asumir el cargo en 2018, Carmona no poseía los exámenes de control de confianza necesarios. Esto, según él, constituye el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
En su defensa, el abogado de Carmona argumentó que su cliente es víctima de cambios políticos y que el proceso es una revancha por no seguir las peticiones del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Además, afirmó que no tener los exámenes de control de confianza no es un delito, ya que la ley no lo exige y el asunto ha prescrito. El Ministerio Público insistió en que los servidores públicos deben cumplir con los exámenes de control de confianza al asumir el cargo, ya que la ciudadanía debe poder confiar en ellos.
Además, destacó que el periodo de prescripción de 3 años establecido por el artículo 105 del Código Penal aún no se había cumplido cuando se inició el proceso en el año 2020. En la réplica, el abogado de Carmona señaló que la acusación fue modificada, inicialmente centrada en la falta de exámenes al asumir el cargo y posteriormente cambiada a la falta de vigencia actual de los mismos.
Remarcó que están ante una situación de revancha política y solicitó a los diputados actuar con racionalidad y reflexión en su voto. El dictamen de la Sección Instructora aclara que su resolución no emite juicio sobre la culpabilidad o inocencia de Carmona y que solo ejerce una facultad soberana de la Cámara de Diputados.
Fuente: Tribuna