Ciudad de México.- La renuncia del exministro Arturo Zaldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) causó múltiples polémicas en la política mexicana, y es que como es bien sabido, el Senado de la República rechazó las dos ternas que envió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para elegir a la nueva miembro del Poder Judicial. Luego de varias semanas la elección fue Lenia Batres.
El pasado jueves 4 de enero, la ministra Lenia Batres tuvo su primer día de actividades en el Pleno; su participación fue controversial debido a que criticó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la acusó de extralimitarse en su actuar. Asimismo, acusó que la SCJN se ha colocado por encima de la actividad que realiza la Auditoría Superior de la Federación, lo que impide realiza auditorías de desempeño.
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Además, puntualizó que el Poder Judicial se ha adjudicado facultades que indican que la Constitución Política de México está subordinada a la Suprema Corte. Finalmente, mencionó que ella es la "ministra del pueblo", comentario que no fue del agrado de la precandidata a la presidencia de México por la oposición, Xóchitl Gálvez. La exsenadora tomó el discurso de Lenia Batres y arremetió contra ella en una entrevista.
Es la ministra del dedazo porque el presidente la impuso, no la votaron los senadores que son los representantes del pueblo, más bien es la ministra del dedazo”, señaló en entrevista en Veracruz.
En esta misma intervención precandidata y presunta contrincante de Claudia Sheinbaum Pardo (abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional 'Morena') pidió a Batres Guadarrama ser imparcial dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ejerce sus actividades, y respetar la Carta Magna.
Cabe apuntar que Lenia Batres no ha respondido a este señalamiento, pero que, en su primera intervención como ministra, al llamarse "del pueblo", solicitó que su sueldo no exceda lo que determina la Constitución y pidió ser inscrita en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), rechazando cualquier servicio de seguro privado.
Fuente: Tribuna