Ciudad de México.- Por unanimidad y con 32 votos a favor, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron el dictamen que reforma al artículo 127 constitucional, que limita las jubilaciones y pensiones en las entidades públicas, es decir, las pensiones no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del ejecutivo federal, en el presupuesto correspondiente.
También aplica para el personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales. Asimismo, también entran los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, las empresas y los fideicomisos públicos de las entidades federativas y de los municipios.
Esta reforma no incluye a las Fuerzas Armadas, dejando fuera del alcance de estas medidas al personal militar, así como también los esquemas de retiro basados en el ahorro voluntario o sindical, además de que la disposición no afecta a las pensiones no contributivas ni a los fondos no acumulados de manera individual por el trabajador; el cambio legal respeta los ahorros que el trabajador puso de su propio bolsillo, los beneficios ganados por sindicatos y los apoyos sociales generales. Por lo tanto, todas las jubilaciones o pensiones que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del decreto deberán ajustarse al límite establecido.
Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, recordó que la reforma es parte del paquete enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso de la Unión, con el fin de acabar con los privilegios y desigualdades que han permanecido por muchos años; Miguel Pavel Jarero, senador de Morena, enriqueció la palabra del presidente afirmando que la reforma pone orden al régimen de pensiones para quitar privilegios e invertir los recursos en programas sociales.
Ricardo Anaya, del PAN, catalogó como "indefendible" el que exfuncionarios gocen de pensiones de 300 mil a un millón de pesos, aportando que los límites deberían establecerse con base en Unidades de Medida y Actualización y no en el salario del presidente. Por otra parte, el senador del PT, Alejandro González Yáñez, sostuvo que la modificación no infringe el principio de no retroactividad del artículo 14 constitucional.
Durante la intervención, también se contó con la participación de la senadora del PVEM, Juanita Guerra Mena; Carolina Viggiano Austria, del PRI; y de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas; quienes coincidieron en que la reforma tiene como finalidad el asegurar los recursos públicos y administrarlos con equilibrio. Asimismo, advirtieron que el gobierno se realzará con esta iniciativa; sin embargo, no darán a conocer cuánto, dónde o cuándo se van a aplicar esos recursos.
Fuente: Tribuna del Yaqui
