Apodaca, Nuevo León.- El caso de "Copito", un perro que murió tras ser atacado con aceite hirviendo por un taquero, salió a la luz el miércoles 18 de diciembre, cuando se reportó que el perro, en busca de comida, se acercó a un puesto de tacos y fue atacado, sufriendo quemaduras graves que le causaron la muerte.
Para exigir justicia, un grupo de ciudadanos se reunió la noche del jueves en el cruce de las avenidas Las Palmas y Concordia. Con pancartas en mano, expresaron su rechazo al maltrato animal y exigieron medidas contundentes por parte de las autoridades. Entre los mensajes que se mostraron destacaban: "Ellos no tienen voz", "Basta al maltrato animal" y "Quemar con aceite a un ser indefenso no puede quedar sin castigo".
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Los restos de "Copito" fueron trasladados a una veterinaria, donde se le practicará una necropsia para determinar con exactitud el daño causado por el ataque. Este procedimiento será clave para avanzar en la investigación y establecer posibles sanciones legales contra el presunto responsable. Aunque el caso ya está siendo atendido por las autoridades competentes, los manifestantes buscaron visibilizar el problema y enviar un mensaje claro: no permitir que este acto de crueldad quede impune.
Durante la protesta, también se hizo un llamado a reforzar las leyes contra el maltrato animal y garantizar que quienes cometan este tipo de actos enfrenten las consecuencias legales correspondientes. A su vez, los ciudadanos demandan que este incidente se convierta en un precedente para castigar este tipo de acciones.
De acuerdo con el Código Penal de Nuevo León, aquel que realice actos de maltrato o crueldad contra cualquier animal doméstico, provocándole lesiones, enfrentará una pena de tres días a un mes de prisión y una multa de tres a cinco cuotas. Si dichas lesiones ponen en riesgo la vida del animal, la pena será incrementada en un 50 por ciento. En caso de que las lesiones causen la muerte del animal, la sanción será de quince días a seis meses de prisión y una multa de cinco a quince cuotas. La autoridad puede sustituir parcial o totalmente la pena por un tratamiento psicológico de hasta 60 días o por la realización de jornadas de trabajo comunitario, que podrán variar entre 10 y 60 días.
Fuente: Tribuna Sonora