Cajeme, Sonora.- Las empresas mineras tienen concesionados miles de millones de metros cúbicos, suficientes para dar servicio a todos los habitantes de Sonora durante dieciséis meses. La poca agua en el estado se queda en pocas manos.
Por más que las lluvias de la temporada estuvieran fuera del promedio, no resuelven el problema de fondo, pues las condiciones ambientales son las mismas y la dependencia por situaciones extraordinarias no habla sino del drama social que implica la falta del líquido para consumo humano.
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Para consumo humano, sí, porque para otros sectores hay agua y de sobra.
Porque no se trata de presas llenas o vacías, sino del medio ambiente y del agua en el subsuelo.
Mientras que para la ciudadanía se opta por instalar plantas desaladoras, disminuir la presión del servicio o acudir a los tandeos, para otros hay recurso a manos llenas. En Sonora puede valer la sed, pero no que las industrias extractivas, por ejemplo, vean disminuidos sus afluentes.
La industria minera es el epítome de ello. Con más de 143 mil millones de metros cúbicos concesionados de aguas federales por año, no podría ser diferente.
Como la tabla que presentamos, estos 143,279,593 metros cúbicos equivalen a la ingesta de todos los habitantes de Sonora durante dieciséis meses, considerando que estos tuvieran el acceso a 100 litros diarios que la Organización Mundial de la Salud considera como el mínimo obligatorio.
Ergo, lo que queda claro es que no es que no haya agua, sino que no se usa para el consumo humano.
El drama es mayor cuando se reconoce que las empresas mineras no sólo aprovechan el agua concesionada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sino también las llamadas “aguas de laboreo”; se trata de líquido que escurre desde los mantos o cuerpos cercanos y que termina cerca de las zonas de trabajo minero.
Resulta dramático porque el volumen de esas aguas no es medido ni controlado, y se permite su uso a placer por parte de las empresas, que no tienen qué rendir cuentas sobre lo que ocurre con dicho recurso natural gracias a la Ley Minera.
La regulación es la clave; en México la Ley Minera y la Ley de Aguas están hechas para favorecer a las empresas; entonces, cuando hay una concesión, entonces el agua disponible pasa a disposición del concesionario, incluso por encima de quien haya estado ahí antes. Hay un entramado que favorece al acaparamiento de agua por parte de los actores privados, en decremento del consumo humano, de las familias”, explica Julieta Lamberti, coordinadora de investigación de Poder Latam y experta en la industria extractiva.
Lamberti apunta hacia un hecho que ha sido criticado por expertos durante años: la Ley Minera fue creada para priorizar una actividad extractiva y altamente contaminante por encima de otras, incluso social y humana.
La ley es muy permisiva, le da derechos preferentes y de utilidad pública a la minería, algo que no ha sido demostrado a lo largo del tiempo, como hemos insistido. No hay hechos que demuestren la utilidad pública ni argumentos de por qué debe ser una actividad preferente, ya que no tiene beneficios económicos públicos, mucho menos sociales”, argumenta Dolores Rojas, coordinadora de programas de la Fundación Heinrich Böll.
Esta laxitud legal le otorga manga ancha a las mineras de hacer uso del agua sin mayor control, sin regulación , aunque justo a su costado haya comunidades con sed, que agonizan porque, también les fueron arrebatados su medios para ganarse la vida. “Las mineras reconocen que hay cambios en el clima y el medio ambiente en sus zonas de influencia y saben también que habrá menos agua, pero cuando les preguntas qué se hace en términos de estrategia, qué políticas traen para ahorrar recursos, mitigar sus emisiones o cuidar el agua, no toman en cuenta a las comunidades. No planean hacia afuera, todo es hacia dentro y si no piensan en la comunidad, entonces no están pensando en nada que no sean ellos”, explica América Lutz, investigadora del Colegio de Sonora. Así, Sonora puede presumir su extracción minera, en manos de particulares, mientras sufre por no tener acceso al agua.
Fuente: Tribuna