Hermosillo, Sonora.- La construcción de vías para el tren que conectará a Nogales con Guaymas sigue su curso, aunque la sociedad civil sigue alzando la voz para exigir a las autoridades que realicen las mediciones de impacto ambiental y presenten un modelo de resarcimiento. Ante estas voces, el gobierno estatal se ha mostrado abierto al diálogo, aunque no así el federal, que a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), guarda silencio sepulcral y sigue a lo suyo.
Mientras las agrupaciones ciudadanas aseguran que debe buscarse otra ruta y dejar en paz el Río Cocóspera por el riesgo de generar un ecocidio, las autoridades estatales llaman a la calma y, al tiempo de confirmar que la obra seguirá, han dado muestras de querer ser transparentes. Se sabe que la gran discusión está en que no existe Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), lo que lo deja cerca de la ilegalidad de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
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No debería iniciar, es ilegal, en la Ley General de Equilibrio Ecológico se indica, el gobierno federal intentó el año pasado implementar un decreto donde se decía que las obras podían iniciar y que tenían un año las dependencias para autorizar todo esto, pero una Corte lo declaró ilegal entonces sí debe haber un manifiesto de impacto ambiental antes de iniciar una obra", señaló Sergio Müller de Caminantes del Desierto.
Ante esto, el gobernador Alfonso Durazo aclaró que la Sedena tiene un año para presentar la MIA, además de un plan de remediación a los daños ambientales. Cabe señalar que sin la Medición no es posible conocer los impactos que sufrirá el río y en general la zona. Fernanda Pérez Alarcón, bióloga y ambientalista, considera que, en caso de algún incidente, las consecuencias podrían ser peores que las que tuvo el Río Sonora tras el derrame de una mina de Grupo México.
Es un rancho destinado voluntariamente a la conservación, por aquí pasa el Río Cocóspera que es uno de los ríos más limpios de todo el estado y también es el único santuario de luciérnagas todo Sonora que también es hogar de osos, ocelotes, jaguares y decenas de especies protegidas, es un corredor biológico muy importante", explica.
Reunión con el Estado
El pasado miércoles, miembros de colectivos ambientalistas sostuvieron una reunión con el secretario de Gobierno Adolfo Salazar, la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río, Paulina Ocaña, encargada de Comunicación Social y Armando Barajas, titular de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Cedes), en el primer acercamiento entre las partes.
En la reunión se les solicitó a los ambientalistas que cada una de las inquietudes que tienen sobre la obra sean convertidas y presentadas como propuestas, a su vez, el Estado se comprometió a solicitar la información precisa del proyecto al gobierno federal y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Digamos que fue un primer acercamiento, no fue bueno, no fue malo, solo fue un primer acercamiento para ver que hay disposición de ambas partes para poder trabajar por un proyecto que se respetuoso del medioambiente y de la ley", aseveró Muller.
Por su parte, el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño informó que trabajan de cerca con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en la remediación del impacto ambiental. El gobernador reconoció que es imposible que en una ruta de 63 kilómetros no haya impacto ambiental, pero buscarán que este sea mínimo y que tenga una remediación adecuada.
Toda obra social tiene algún impacto ambiental, si construyes una escuela, un hospital, si construyes una carretera, obviamente si construyes una vía de ferrocarril, lo importante es que el impacto ambiental tenga una remediación y en eso estamos trabajando".
Y añadió el mandatario: "Y abiertos por supuesto a las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil, cuyo compromiso cuyas ideas, cuya experiencia pueden enriquecer nuestra visión y remediar de la mejor manera el impacto ambiental".
Ayer, el Centro para la Diversidad Biológica, la Alianza Sky Island y habitantes de la zona afectada enviaron una carta al gobierno estatal, así como al Congreso, para insistir en su preocupación por el desmonte salvaje que la Sedena realiza, al tiempo de solicitar el freno de la obra hasta que no esté lista la MIA.
Fuente: Tribuna