Al presidente López Obrador no le disgustan los cargos de representación llamados plurinominales. Gran parte de su equipo —de la llamada cuarta transformación— que lo acompaña en su gobierno ha pasado por la representación proporcional tanto en el Congreso de la Unión como en los congresos locales y los ayuntamientos.
Tan no le disgustan que en la propuesta de reforma electoral que acaba de enviar al Congreso, lo que propone es desaparecer los distritos de mayoría (federales y locales) y el sistema de votación de mayoría relativa. Ni más ni menos.
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Propone también la elección de diputados federales, senadores y legisladores locales por listas en las 32 entidades federativas y, de acuerdo al nivel de votación, realizar las asignaciones correspondientes en función de la población de cada entidad. Aquí y en otras partes, eso es Representación Proporcional.
La iniciativa propone dejar en 300 el número de diputados federales y en 96 (3 por estado) a los senadores. En la práctica se propone un diputado por cada 420 mil habitantes, y un senador por cada un millón 312,500.
En los hechos se eliminarían los 32 senadores de partido que se crearon a petición de las izquierdas en 1996 pero que nunca representaron a los Estados, solo al partido que elaboraba las listas. El presidente López Obrador trae mucho coraje contra el INE —quizá desde 2006 cuando perdió la elección presidencial por el 0.56% de los votos—, y le echó la culpa a la institución electoral. Desde entonces no ha dejado de señalarla como una institución muy cara y parcial, desde el punto de vista de sus decisiones.
Ahora propone su desaparición para llamarlo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y bajarle de 11 a 7 consejeros, que serían electos! a propuesta de los tres Poderes de la Unión. En el fondo se trata de poner a trabajar la maquinaria partidista para someter al INE y decidir lo conducente de aquí a la elección del 2024. Convencido de que nunca se llegará al 40% de participación en las consultas populares incluidas en el artículo 35 de la Constitución, ahora propone bajar la cifra al 33%, para que sean vinculantes.
Morena odia a la oposición en forma de partidos políticos, a pesar de que gran parte de su equipo de gobierno ha militado en más de dos o tres, registrando aquellos que le han hecho comparsa en las elecciones como el Verde y el PT, que se han mantenido vigentes solo por el número de votos y diputaciones que negocian en los respectivos convenios.
Aún así, la iniciativa propone quitarle el financiamiento a los partidos políticos en tiempos no electorales y dárselos solo en etapas de campaña. En el fondo, la iniciativa expone a los partidos a caer en manos de financiamientos privados para fortalecer el poder de grupos económicos y fortalecer cacicazgos y, lo peor, exponerlos a que reciban recursos del hampa organizada o de grupos ligados a los distintos cárteles mexicanos de la droga, que de tiempo atrás han pugnado por imponer candidaturas en los niveles estatal y municipal —que son los que más les interesan para el desarrollo de sus actividades—.
Así como lo hace con el INE, el presidente también propone desaparecer los organismos estatales electorales y centralizar la operación electoral en el INEC, alegando que sale caro financiar los órganos locales y subsidiar a los partidos en los estados. Al mismo tiempo propone suprimir los tribunales electorales locales con el propósito (sic) de fortalecer a la instancia nacional encargada del arbitraje electoral. Actualmente funcionan 1,113 diputados locales en los 32 congresos estatales. La iniciativa propone eliminar 459 y quedarse solo con los electos en listas, en lugar de distritos, y limitar el número por estado. Por ejemplo, de aplicarse la reforma, Sonora solo tendría 18 en lugar de 33 diputados, el Estado de México 45 en lugar de 75, y Veracruz 29 en lugar de los 50 actuales. ¿La idea? Fomentar también el ahorro y que no se gaste mucho en la tarea legislativa (sic). Eso argumentan también, cuando en el fondo significa una verdadera regresión del sistema de representación. Ha costado mucho políticamente hacer avanzar la democracia en el nivel municipal desde la inclusión del artículo 115 en la Constitución de 1917 y desde que las autoridades municipales duraban un año en el cargo, hasta 1943 cuando en Sonora se instituyeron los sexenios para gobernador y los tres años para alcaldes y diputados locales.
Vendría después la representación proporcional a nivel municipal a partir de 1979. En la historia reciente la participación de todas las corrientes políticas en la integración de los ayuntamientos ha enriquecido el debate interno y ha ampliado la visión de las autoridades, convirtiéndose la política municipal como un ingrediente de estabilidad y participación social en el nivel de gobierno —que por mucho—, más le interesa a la población para la solución de sus problemas.
La iniciativa propone un máximo de nueve regidores en aquellos municipios cuya población sea superior al millón diez mil habitantes, y ¡un solo regidor! para los municipios cuya población sea menor a 60 mil habitantes, también deben ser electos mediante listas votadas de manera paritaria. De aplicarse la reforma en Sonora, Hermosillo alcanzaría hasta 7 regidores, en nueve ayuntamientos solo 3, Cajeme contaría con 5 y 61 municipios de la entidad, contarían con un solo regidor.
No ha habido consultas ni diálogo. Se trata de una propuesta de reforma política vertical y desde el poder como no se había visto en México. Los morenos deberían estudiar historia para revisar la reforma política de 1977 que al secretario de gobernación de entonces Jesús Reyes Heroles y al Presidente López Portillo les llevó casi dos años instrumentarla, después de un amplio diálogo y consultas con las principales fuerzas políticas de México incluidas las clandestinas. Eran otros tiempos, sí. Tiempos de una mejor política y de un diálogo abierto con todos. Ahora no. La reforma necesita mayoría calificada para poder aprobarse y Morena no la tiene en ambas cámaras. ¿Distracción política? No lo creo. La propuesta de reforma política que contempla cambios a 18 artículos de la Constitución refleja lo que la llamada 4T y su líder máximo piensan del sistema político y sus instituciones, lo que han venido diciendo en los últimos 4 años. No tiene vuelta de hoja. ¿Pasará la prueba de las oposiciones? Tampoco lo creo, ya lo han afirmado. Nunca en sus cabales las oposiciones aprobarían por ejemplo, la desaparición del INE que tanto ha costado construir y tanto ha aportado para la estabilidad política de México en los últimos 32 años.
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