Toluca, Estado de México.- Después de cumplir su condena en el extranjero, Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, fue formalmente procesado por autoridades mexicanas por su presunta implicación en delitos contra la salud. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que obtuvo el auto de formal prisión en su contra, bajo el cargo de colaboración al fomento para facilitar delitos relacionados con el narcotráfico.
El expriísta fue deportado a México el pasado 9 de abril, luego de que las autoridades estadounidenses le concedieran libertad anticipada. Yarrington había sido sentenciado en 2021 por una corte de Texas a 9 años de prisión por lavado de dinero, de los cuales cumplió 7. Su regreso al país se dio a través de Tijuana, donde agentes de la FGR le ejecutaron dos órdenes de aprehensión que se encontraban vigentes.
Una de ellas fue por delitos contra la salud y otra por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Actualmente, el exmandatario estatal se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Fue presentado vía videoconferencia ante el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, quien determinó iniciar el proceso penal correspondiente.
La Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) compartió imágenes recientes del exgobernador, recordando que es buscado en México por su presunta relación con el crimen organizado. Según expedientes judiciales, Yarrington se declaró culpable en marzo de 2011 de conspiración para lavar dinero, lo que derivó en su condena en territorio estadounidense.
El caso contra Yarrington en México no es nuevo. Desde enero de 2009 existe una denuncia en su contra por parte de un testigo protegido, presunto exintegrante del Cártel del Golfo, quien lo señaló por facilitar el tráfico de drogas y participar en esquemas de lavado de dinero durante su gestión como gobernador entre 1999 y 2004.
Aunque en 2024 la FGR ya había solicitado una orden de aprehensión, esta fue inicialmente rechazada por un juzgado que solicitó subsanar deficiencias en la averiguación previa. Con el proceso ya en marcha, la justicia mexicana buscará esclarecer el presunto vínculo del exgobernador con el narcotráfico y otras operaciones ilícitas que marcaron su administración.
Fuente: Tribuna
