Estado de México.- El caso de Emilio Lozoya se alargó más de cuatro horas, pues el juez que estaba a cargo salió de vacaciones, por lo que se tuvo que asignar a otro, la audiencia era de medidas cautelares, la cual determinaría si se otorga libertad condicional al ex director de Petróleos mexicanos. Los ventos ocurrieron a las 12:30 horas, cuando la defensa del exfuncionario y representantes de la fiscalía se presentaron en el reclusorio norte.
El juez nuevo dijo que no podía tomar dicha decisión, pues afirmó que no conocía la situación en totalidad y necesitaba familiarizarse con el mismo, es por ello que pidió a ambas partes presentar el caso. Lo anterior provocó que, además de que se presentaran las narrativas, de la fiscalía, como las de la defensa, ocurrieran una serie de señalamientos mientras la audiencia transcurría.
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La defensa de Lozoya obtuvo la audiencia para solicitar su libertad bajo cautela debido a que ya lleva más de 2 años detenido bajo prisión provisional por la acusación de los presuntos sobornos por parte de la firma brasileña Odebrecht. Cabe destacar que durante dicha audiencia, se planteó la posibilidad de colocarle al exfuncionario un brazalete electrónico, además de otras recomendaciones, como prohibir que saliera del país.
Asimismo, se dijo para que aceptaran la libertad de Lozoya, que se iba a presentar periódicamente ante un juez, ante todas estas solicitudes la defensa de Lozoya dijo que lleva "más de dos años privado de la libertad de manera ilegítima". Es importante mencionar que el exfuncionario pasó su primer anoche en la cárcel el 3 de noviembre de 2021, posteriormente de ser extraditado a España.
Lo anterior ocurrió después de que el juez de control, José Artemio Zúñiga Mendoza, dictara prisión preventiva en su compra por la implicación del polémico caso Odebrecht. La medida cautelar fue impuesta semanas después de que Lozoya fuera captado cenando en un restaurante de lujo en Lomas de Chapultepec, mientras formaba parte del equipo del expresidente Enrique Peña Nieto.
Lozoya presenta cargos por cohecho y asociación delictuosa, además de uso indebido de recursos públicos por la fiscalía general de la república, institución que busca imponerle una pena de 35 años de cárcel}
Fuente: Tribuna