Toluca, Estado de México.- La violencia en el Estado de México cada vez es mayor, por lo que se ha normalizado. Muchos funcionarios han quebrantado los derechos humanos de las víctimas al compartir videos e imágenes de las escenas del crimen, es por ello que las autoridades de la entidad, encabezadas por Delfina Gómez decidieron tomar cartas en el asunto con el objetivo de evitar la revictimización.
En ese sentido, por instrucción de Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México para evitar revictimizar y erradicar la normalización de la violencia, en la entidad se delinean acciones transversales que garantizan el respeto a los Derechos Humanos de víctimas y ofendidos del delito. Por ello, se publicó en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, el Decreto por el que se reforma el Artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México.
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El artículo es establece tipificar conductas que realicen personas o servidores públicos que de manera indebida revelen o difundan material audiovisual o archivos de víctimas. Las iniciativas conocidas como “Ley Ingrid” y “Ley Ocaña” buscan evitar ataques en contra de la dignidad, el honor y la intimidad de las víctimas y sus seres queridos.
Cabe recordar en los casos que dan nombre a esta ley se filtraron imágenes que revictimizaban a los ofendidos y sus familias, por lo que el Ejecutivo estatal, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, celebró que este decreto tenga como objetivo principal frenar estas acciones. Con su aplicación el Estado de México, el Poder Judicial sancionará de manera ejemplar y evitará las filtraciones, y la exposición masiva ante los medios de comunicación y redes sociales de este material.
“A la persona que sin tratarse de programas preventivos, educativos o informativos que diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o sociales, que tengan por objeto la educación; que realice actos de difusión, entrega, publicación, transmisión, distribución, videograbación, reproducción, exposición, filmación, fotografía o compartan, oferten e intercambien imágenes relacionadas con cadáveres de personas, causando menoscabo en la dignidad, el honor y la intimidad de la víctima o la seguridad, paz y privacidad de sus familiares…”, señala la reforma.
El Decreto número 215, aprobado por la LXI Legislatura del Estado de México el 24 de octubre de 2023, contempla sanciones de cuatro a ocho años de prisión y multa de 500 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como la reparación integral del daño. También considera penas cuando en la comisión de este delito participen servidores públicos inherentes a la cadena de justicia, que por su empleo, cargo o comisión tuvieran acceso a dicha información.
Fuente: Tribuna