Ciudad de México, México.- Con 67 votos a favor, 29 en contra y tres abstenciones en lo general, mientras que en lo particular se registraron 66 votos a favor y 31 en contra, el Senado de la República aprobó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, una controvertida iniciativa promovida por el Ejecutivo federal, en una sesión extraordinaria celebrada este martes 1 de julio.
Esta nueva legislación otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el control sobre un vasto sistema de datos que incluirá información personal, fiscal, biométrica y de geolocalización. Esta información, recolectada tanto de fuentes públicas como privadas, será almacenada en una Plataforma Central de Inteligencia administrada por el Centro Nacional de Inteligencia. El objetivo, según el dictamen, es apoyar al Ministerio Público en investigaciones criminales y en tareas de prevención del delito.
De igual manera, se contempla la creación del Consejo Nacional de Inteligencia de Seguridad Pública y una Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial. Estas entidades tendrán a su cargo la coordinación de estrategias tecnológicas, el análisis criminal y la colaboración entre diferentes instituciones del gobierno federal.
Además, durante la discusión en el pleno, legisladores de la oposición, principalmente del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, presentaron más de 20 reservas a diversos artículos de la ley. No obstante, todas fueron rechazadas por la mayoría, conformada por senadores de Morena y sus aliados, quienes defendieron el proyecto sin modificaciones.
La iniciativa generó un intenso debate en la tribuna. Mientras que senadores oficialistas argumentaron que la ley es necesaria para combatir al crimen organizado, legisladores de oposición expresaron su preocupación por el riesgo que representa para los derechos individuales. Algunos advirtieron que podría derivar en un sistema de vigilancia excesivo, sin controles adecuados ni supervisión independiente.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil también han criticado la medida. Especialistas en derechos digitales alertaron que esta ley podría institucionalizar prácticas de espionaje gubernamental, al permitir el acceso a bases de datos sensibles sin necesidad de una orden judicial en todos los casos. Indicaron además el riesgo de que estas herramientas se usen con fines políticos o de persecución ciudadana. La sesión concluyó con aplausos de la bancada oficialista, en contraste con el abandono del pleno por parte de la mayoría de senadores de oposición.
Fuente: Tribuna
