Washington, DC. - En el primer día de operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo el mandato del presidente Donald Trump, 308 indocumentados fueron detenidos, informó Tom Homan, conocido como el "zar fronterizo" de Estados Unidos.
Homan, en declaraciones citadas por The New York Post y Fox News, aseguró que las detenciones incluyeron a personas acusadas de delitos graves como asesinato y violación infantil. “El ICE está haciendo su trabajo”, afirmó, destacando que las operaciones están dirigidas a indocumentados que representan amenazas a la seguridad pública. Según Homan, actualmente hay 700 mil personas en el país que se encuentran en esta categoría.
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De igual modo, Homan hizo un llamado enfático a las ciudades santuario para que permitan el acceso de los agentes del ICE a sus cárceles, asegurando que esto sería una medida más segura para las comunidades. “Por el amor de Dios, déjennos entrar en sus cárceles”, expresó. Según el funcionario, esta colaboración evitaría la liberación de indocumentados acusados de delitos penales y reduciría la necesidad de realizar detenciones en las comunidades.
Advirtió que, si las ciudades santuario no cooperan, ICE intensificará las detenciones en espacios públicos. “Si no nos dejan trabajar dentro de sus cárceles, empieza el juego”, señaló Homan, explicando que esto implicará un aumento en la presencia de agentes federales en comunidades, lo que podría generar más detenciones de personas que se relacionan con los indocumentados buscados.
Estas acciones forman parte de la política de mano dura en materia migratoria impulsada por el gobierno de Trump. El presidente ha reiterado en numerosas ocasiones su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad fronteriza y la lucha contra la inmigración ilegal, lo que ha generado tensiones con los líderes de ciudades santuario y defensores de los derechos de los inmigrantes.
Las detenciones masivas y las declaraciones de Homan subrayan el cambio radical en la política migratoria estadounidense, que ahora prioriza la identificación y deportación de indocumentados considerados una amenaza a la seguridad pública.
Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto de estas medidas en las comunidades inmigrantes y por el riesgo de detenciones arbitrarias o excesivas. La polémica está lejos de terminar, y las ciudades santuario podrían convertirse en un campo de batalla legal y político frente a las estrategias del gobierno federal.
Fuente: Tribuna