Brasilia, Brasil.- El Supremo Tribunal Federal de Brasil emitió una orden que permite levantar el secreto bancario, fiscal y de comunicaciones de Fábio Luís Lula da Silva, el hijo mayor del actual mandatario del país, Luiz Inácio Lula da Silva. Esta medida se produce dentro del desarrollo de una investigación enfocada en una supuesta red de corrupción y desvío de recursos dentro del Instituto Nacional del Seguro Social.
El proceso busca esclarecer si Fábio Luís, conocido en el ámbito público como Lulinha, recibió beneficios económicos provenientes de fondos estatales. Los investigadores estudian su posible vínculo con diversas maniobras destinadas a favorecer los negocios de Antonio Camilo Antunes. Este último individuo se encuentra actualmente bajo arresto, señalado por las autoridades policiales como el presunto líder de dicha organización.
La justificación de esta solicitud surge de una serie de mensajes interceptados por la Policía Federal. En estas conversaciones participaban Antunes y una empresaria del entorno de Lulinha. El contenido de dichos textos despertó sospechas sobre la existencia de pagos recurrentes por montos de hasta 300 mil reales, cantidad que equivale a unos 60 mil dólares estadounidenses.
Con la nueva resolución judicial y el respaldo parlamentario, la comisión encargada del caso tendrá acceso a una amplia variedad de documentos. Sus integrantes podrán revisar estados de cuenta, movimientos financieros, declaraciones de impuestos y contratos, con el propósito de verificar la existencia de ingresos sin justificación o transferencias irregulares. Hasta este momento del proceso, el nombre del hijo del presidente solo ha surgido mediante menciones de terceras personas.
Los fiscales no han presentado acusaciones concretas en su contra ni han mostrado pruebas directas de su participación. Durante una entrevista reciente, el jefe de Estado brasileño abordó el tema y comentó que mantuvo una conversación con su hijo. En ese diálogo, le indicó que debe ejercer su derecho a la defensa si no tiene responsabilidad alguna, pero le advirtió que deberá afrontar las consecuencias si la justicia logra demostrar lo contrario.
El bloque opositor fundamentó su petición para acceder a los datos resguardados basándose en los informes redactados por la policía. Alfredo Gaspar, quien actúa como instructor de la comisión, argumentó que los textos recuperados plantean la hipótesis de que el hijo del mandatario pudo actuar como un socio oculto. Según esta teoría, habría tenido un rol en las operaciones financieras donde Antunes entregaba dinero a la amiga de la familia.
En diciembre del año pasado, los legisladores de la oposición ya habían intentado citar a Lulinha para que brindara testimonio ante los investigadores. Sin embargo, esa iniciativa fue rechazada porque en aquel entonces faltaban indicios suficientes para justificar la comparecencia.
Fuente: Tribuna del Yaqui
