Carlos Urzúa, académico y respetado funcionario de capacidad probada como secretario de Hacienda del gobierno de López Obrador, renunció a su cargo en los primeros seis meses del nuevo gobierno “por diferencias en el enfoque de la solución de los problemas nacionales en materia económica”. Salió del gabinete, se dedica a dar clases y a escribir un artículo a la semana en donde por cierto critica al gobierno.
Germán Martínez Cázares renunció al IMSS meses después de haber sido nombrado. Él venía del PAN pero fue postulado al Senado por Morena por la vía de la representación proporcional. Dejó una carta donde exponía sus motivos para renunciar y regresó a su escaño, desde donde ahora promueve una bancada alterna con su ex compañero del PAN y también ex dirigente nacional Gustavo Madero Muñoz.
Te podría interesar
Josefa González Blanco Ortiz Mena renunció a la Semarnat por haber detenido un avión de una línea comercial para que esperara su abordaje porque iba retrasada. El caso trascendió y alcanzó niveles de escándalo. Renunció a la secretaría, la sustituyó Víctor Toledo.
Víctor Manuel Toledo Manzur, sucesor de González, tampoco duró en el cargo. Renunció en medio de acusaciones por afirmaciones negativas contra el gobierno de la llamada cuarta transformación. Lo sustituyó María Luisa Albores ex secretaria de Bienestar.
Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, renunció a su cargo por las acusaciones de que tanto ella como su esposo, el ideólogo de Morena John Ackerman, hacían proselitismo contra Félix Salgado Macedonio, el favorito del presidente para el gobierno de Guerrero. Irma Eréndira, hija de Pablo Sandoval Ramírez, un legendario político guerrerense de izquierda y hermana de Amílcar, delegado del gobierno federal en Guerrero, que también aspiró al gobierno de ese estado por Morena. Salgado terminó por imponer a su hija Evelyn perdiendo los Sandoval.
Esteban Moctezuma renunció a la Secretaría de Educación Pública para asumir la embajada de México en los Estados Unidos de América. Fue sustituido por Delfina Gómez, ex candidata de Morena al gobierno del Estado de México en 2017. Con la renuncia y la pandemia, nada se ha vuelto a saber de las reformas educativas sexenales.
El secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriú renunció a su cargo por no estar de acuerdo con la estrategia del presidente de militarizar puertos y aduanas.Lo sustituyó Jorge Arganis.
Graciela Márquez Colín renunció a la Secretaría de Comercio para formar parte de la junta de gobierno del INEGI. La sustituyó Tatiana Clouthier.
Olga Sánchez Cordero renunció a la Secretaría de Gobernación para regresar a su escaño en el Senado. De siempre se dio que la ex ministra de la Suprema Corte nunca estuvo en las grandes cuestiones políticas nacionales y que al presidente le urgía alguien que le manejara los asuntos políticos con los gobernadores —ante tanto problema—, las dirigencias partidistas y los principales actores políticos de México; algo que el nuevo titular Adán Augusto López al parecer ya está haciendo.
Alfonso Romo, jefe de la Oficina del Presidente, renunció —por causas no publicitadas—. Era el interlocutor del presidente con el sector privado y con frecuencia era señalado por mezclar los negocios personales con la política. La oficina desapareció del organigrama y Romo se retiró a sus negocios en Monterrey.
Julio Scherer, el poderoso consejero jurídico de la Presidencia, renunció al cargo casi junto con la secretaria de Gobernación. Había trascendido que Scherer se involucraba con mucha frecuencia en asuntos políticos que rebasaban sus funciones (el trato con la CNTE por ejemplo) y eso le traía conflictos con los miembros del gabinete. Se retiró a su despacho.
Jaime Cárdenas, ex consejero del INE, renunció a la dirección del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado por no estar de acuerdo con el manejo de las subastas de los bienes incautados por algún motivo. Se quejó de alteraciones, desviaciones y desapariciones de los bienes en subasta y dejó el cargo a los tres meses de haber asumido. Cárdenas había sustituido a Ricardo Rodríguez.
Arturo Herrera, sucesor de Urzúa en Hacienda, fue propuesto por el presidente para dirigir al Banco del México en 2022. Lo sustituyó Rogelio Ramírez de la O antiguo asesor del Presidente.
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, renunció para ser candidato al gobierno de Sonora. Lo sustituyó Rosa Icela Rodríguez.
Mónica Maccise, titular de la Conapred, renunció al cargo por haber invitado a una conferencia —se dijo— al influencer Chumel Torres, permanente crítico del gobierno de López Obrador.
La prestigiada académica Ada Cristina Laurell renunció a la Subsecretaría de Salud alegando discrepancias con el titular del ramo.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno, Santiago Nieto, presentó su renuncia ésta semana después de los escándalos en que se vio envuelto por realizar su boda en Guatemala y donde él poco o nada tuvo que ver con los sucesos del aeropuerto y los dólares no declarados de parte de uno de sus invitados, —la gota que derramó el escándalo— así como la presencia en un vuelo privado de la secretaria de turismo de la Ciudad de México que también presentó su renuncia. Lo sustituyó el ex dirigente nacional del PRD y Morena Pablo Gómez miembro de una familia de gran influencia en el gobierno. Al tiempo que se generan cambios de funcionarios en la administración federal, el Presidente también influye en el nombramiento de ministros de la Corte y los titulares de los órganos autónomos. Morena ha tratado de colonizar todos los aparatos administrativos incluyendo las representaciones en los Estados con personal que profese la llamada Cuarta Transformación, según afirman los ideólogos oficiales.
Con renuncias, enroques y cambios en el gabinete se sigue presentando una gran centralización administrativa en el poder ejecutivo. Los titulares de las secretarías de Estado y los organismos descentralizados existen en la medida del juego que les da el Presidente.No crecen. Se trata de un gobierno inestable en lo administrativo con muchos problemas sin resolver y con muchas tensiones acumuladas.
Se les enredó la administración pública en temas sensibles (como el abasto de medicamentos) y la desconcentración administrativa hacia los Estados, donde se advierte desorden. Tampoco ha existido hasta ahora ninguna reforma de gran calado de las grandes instituciones, a pesar de contar con el apoyo político necesario para haberlas realizado desde el inicio, en tiempo y forma. Ahora, con la sucesión presidencial adelantada les será mucho más difícil, por los problemas y las tensiones que la lucha por el poder implica y el desgaste normal hacia el interior de un gobierno que ya cubrió la mitad del sexenio y que ya no cuenta con mayorías calificadas en las Cámaras del Congreso de la Unión.
Faltan menos de 35 meses para que termine el sexenio, pero menos de 15 para que quienes aspiran a la Presidencia entren de lleno al juego de la sucesión, incluyendo a los favoritos del Presidente y los opositores. Las tensiones sucesorias ya están aquí. Difícil detenerlas.
bulmarop@gmail.com