Nada extraño ha sido el hecho de que los únicos promotores de la consulta del 1 de agosto sean los militantes de Morena. A nadie más le ha interesado. Ni al resto de los partidos ni al sector académico y mucho menos al pueblo y a los factores de poder, como sindicatos y empresarios, que no han dejado de ver la tan llevada y traída consulta como una estrategia más del gobierno de la llamada 4T, para seguir incluyendo al pasado y sus actores políticos como los villanos favoritos y culparlos de que las cosas no hayan funcionado como ellos querían en el gobierno en estos casi tres años.
Los morenistas, gastando recursos públicos y regodeándose de sus logros políticos, no han tenido empacho en señalar a los ex presidentes de México que aún viven —a excepción de Luis Echeverría— de los principales problemas que aquejan al país. A ninguno de ellos les reconocen aciertos en sus sexenios. Historia sesgada, sin duda.
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Se trata de una estrategia planeada y apoyada desde el poder para tratar de destruir y borrar del mapa político de México los avances obtenidos cuando menos desde 1982 a la fecha. Ese mismo poder también intenta destacar los que a su juicio han sido los peores retrocesos en materia de gobierno. Aunque diga que no está de acuerdo, el presidente los ha señalado hasta la saciedad en las mañaneras.
López Obrador ha definido los temas y es el autor de la pregunta que después la Suprema Corte le modificó. No se trata de que se legitime la aplicación del estado de derecho a las cuestiones que implican la comisión de delitos o violaciones a las leyes; eso está previsto en el marco jurídico que nos rige. No, la estrategia lleva dedicatoria y chanfle directo. El presidente necesita herramientas para apoyarse y demostrar que todo lo hecho antes de su gobierno estuvo mal y que su gobierno, equipo y partido “harán historia”. México uno antes de ellos y otro después de ellos. Sin duda. El mismo presidente maneja sus argumentos contra cada uno de sus antecesores en el cargo.
¿Los ha buscado? Creemos que no. Nunca se ha sabido que se haya reunido con alguno de ellos en estos casi tres años de gobierno, cuando menos para intercambiar experiencias.
Tampoco se sabe que les reconozca el éxito de alguno de sus programas a pesar de que —por ejemplo— la política económica que sigue el gobierno de la 4T haya sentado sus bases en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo para frenar las recurrentes crisis de devaluaciones y endeudamientos que pusieron en vilo a México en otros sexenios.
En lugar de reconocer la implementación del Tratado de Libre Comercio en el gobierno de Carlos Salinas que le ha permitido a México una parte importante de su modernización y un crecimiento espectacular de sus exportaciones, ahora presume las remesas (los dólares que mandan nuestros paisanos de los Estados Unidos) como un logro de su gobierno.
Y en lugar de reconocer los impactos de las reformas políticas experimentadas en México desde 1978 a la fecha, pasando por la creación de instituciones como el INE y el TEPJF, que han consolidado la gobernabilidad de México y permitido mayores espacios políticos a todas las corrientes políticas en todos los niveles de representación, afirma que la democracia en México ha aterrizado (sic) con ellos, y que ahora las cosas son distintas a otras épocas. “Ya nada es igual”, dice.
No, se trata de borrarlos del mapa y en eso según él se debe involucrar a la gente, con las herramientas jurídicas creadas en otros sexenios como la consulta popular, para que ésta en lugar de mejorar los niveles de democracia y participación apoye las ideas del gobierno, sobre todo esa gran obsesión de origen de culpar al pasado de los males del presente.
Sí es cierto que se cometieron errores —y se siguen cometiendo— y que ningún gobierno en más de 100 años en México ha heredado paraísos de un período a otro. Ha habido presidentes de México buenos, malos, y regulares, pero ninguno de ellos ha puesto en riesgo la soberanía nacional ni se les puede acusar de traición a la Patria.
Se olvida que tanto los partidos como los gobiernos han estado integrados por seres humanos —hechos con la misma pasta, a decir de un clásico español— y que los errores, las pifias, la corrupción y las omisiones en los gobiernos no han sido privativos de partido político o gobierno alguno.
A sus villanos favoritos los machacaron hasta el cansancio antes del 2018 y en la pasada campaña también. Sus preferidos fueron tanto los expresidentes de la República como los partidos PRI, PAN y PRD. Las estrategias de ataque del gobierno hicieron mella entre una parte importante de la población que aceptó sin chistar las ruedas de molino que desde la oposición les fabricaron.
Como no es lo mismo criticar que gobernar, ahora y ya en el gobierno, las cosas se les han complicado por varias razones: La inexperiencia, la mala lectura del diagnóstico de los problemas, un equipo de gobierno más ideologizado que práctico, y el fomento constante —desde el gobierno—de una polarización política que ha dividido a México, lo que se ha reflejado en la desconfianza, los bajos niveles de inversión privada y la ausencia de colaboración con el gobierno de importantes sectores.
Va la consulta sobre los expresidentes el 1 de agosto y se nota muy poco interés de la gente por participar.
Más allá de los esfuerzos institucionales del INE y las prisas de los militantes de Morena y los funcionarios dela 4T no se observa una mayor difusión del evento. ¿Por qué? Porque no representa una cuestión que despierte el interés de la gente, harta de la política, y menos después de la elección del pasado 6 de junio donde apenas se registró un 52 % de participación. Como afirma José María Maravall: “se trata de consultas en las que no se genera buena información para los votantes y que desgastan a los órganos intermedios.Lo mismo sucede. cuando esas iniciativas se introducen en el seno de los partidos: La deliberación se socava y las posibilidades de manipulación política se incrementan”.{…} la clave siempre es el poder y el debilitamiento del adversario manipulando la información”.
Sin la experiencia en este tipo de eventos, con el rebrote de la pandemia del Covid-19 encima y la gente preocupada, se ha afectado el ánimo social que no está como para alentar una gran participación.
Ya se ha dicho que para ser vinculante —es decir, que tenga efectos en los poderes— el resultado de la consulta en la votación del 1 de agosto tal y como lo establece el artículo 35 de la Constitución, deberá contar con la participación de cuando menos el 40 % de los inscritos en la lista nacional de electores (93.5 millones), lo que equivale a casi 37 millones de mexicanos que deberán votar ese domingo.
bulmarop@gmail.com