Sin duda el presidente López Obrador empezó a preocuparse políticamente cuando se dio cuenta de que las clases medias le habían dado una muestra de rechazo en la elección de junio del 2021. Morena perdió la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México, fue arrollado en las principales capitales aún cuando ganó la mayoría de las gubernaturas en juego, y perdió la mayoría calificada en la integración de la Cámara de diputados del Congreso de la Unión.
En lugar de analizar a fondo las causas de las derrotas en la elección intermedia de su gobierno, el presidente la emprendió contra las clases medias llamándolas “aspiracionistas”, “arribistas” y/o conservadoras, y se dedicó a intensificar las giras por la ciudad, sus apoyos y defensas a la jefa de Gobierno de la CDMX ante la alarma que les provocó una derrota inesperada.
Construyeron el rumor de que el coordinador de los senadores de Morena Ricardo Monreal tuvo culpa en las derrotas de la Ciudad de México. Además movieron al adversario interno de Monreal, Martí Batres, del Senado a la Secretaría de Gobierno de la capital, para fortalecer a Sheinbaum, y se desplazó a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero hacia el Senado para hacerle un contrapeso a Monreal.
También se trajo al gobernador de Tabasco Adán Augusto López como nuevo secretario de Gobernación, para ejercer la importante función de mediador con las fuerzas políticas.
Encarcelaron —sin pruebas— en Veracruz a José Del Río Virgen, operador de Monreal en el Senado e influyente miembro de Movimiento Ciudadano. Tanto AMLO como Sheinbaum respaldaron de inmediato al gobernador de Veracruz aún a sabiendas de que se trata de un proceso político.
El propio presidente calibró de que no había diálogo con nadie (partidos, gobernadores, legisladores, empresarios, etcétera) y que una parte importante de los gobernadores se habían desprendido de la inoperante e inútil Conago y habían formado la llamada Alianza Federalista. También que seguían sus enfrentamientos con actores políticos, como el gobernador panista de Tamaulipas, a quien incluso se llegó a desaforar, lo que afectó radicalmente sus relaciones con el Partido Acción Nacional.
Enfrentamientos, triunfalismo, burlas y la ausencia de diálogo, más las descalificaciones a adversarios y los ataques directos a los disidentes de su gobierno, acabaron por crear un clima de polarización política.
El presidente la emprendió también contra instituciones como la UNAM, el CIDE, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey, el INE y otras instituciones, acusándolas de que nunca habían tenido una actitud crítica ante los “gobiernos neoliberales” (sic).
A todo lo anterior se le suma el adelanto del proceso de la sucesión, de los riesgos reales de fractura en Morena por las candidaturas de las seis elecciones estatales del próximo junio, y los tropiezos en el camino de una de sus principales reformas (la eléctrica) así como la operación en la organización de la revocación de mandato.
Estos problemas crearon un clima de preocupación en el Ejecutivo y advirtió un sobrecalentamiento de la política interna que podía afectar sus planes del corto plazo. Así, empezó a operar para dividir la alianza PAN-PRI-PRD, y ofreció cargos en el servicio exterior a gobernadores de la oposición que fueran concluyendo sus períodos de gobierno. Inició con el ofrecimiento de la embajada de España a Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa —que tuvo una actitud muy tibia y cuestionada por los priistas sinaloenses en el proceso electoral local, donde los poderes fácticos hicieron lo que quisieron a favor de Morena y sus candidatos—. A Ordaz el gobierno de España no le ha dado el beneplácito, a pesar de que se solicitó desde septiembre pasado.
Siguió con el gobernador de Nayarit Antonio Echevarría, del PAN, a quien también le ofreció cargo en la diplomacia.
Iguales ofrecimientos de trabajo les haría a Carlos Joaquín González y Héctor Astudillo, de Quintana Roo y Guerrero.
El asunto de Claudia Pavlovich no fue anunciado por el presidente, quizá por estrategia (estaban todavía mus frescas las acusaciones del gobernador Durazo sobre irregularidades detectadas de la administración saliente), pero el rumor de que sería designada cónsul en Barcelona, España, empezó a tomar forma a partir del mes de septiembre en la última gira que el presidente realizara por la entidad para supervisar el hospital general.
La exgobernadora ni confirmó ni negó la especie y ello provocó que el rumor se fortaleciera y diera pie a infinidad de especulaciones e interpretaciones; la principal: que el nombramiento era el pago por el pacto electoral de la gobernadora con el presidente. Eso se dijo. En otras palabras, que la gobernadora se había portado muy bien al no meter las manos a favor de los candidatos de la alianza en el proceso electoral, como sí lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante toda la campaña —a pesar de llamados de las autoridades electorales para que se abstuviera—, tanto en las mañaneras —hostigando a adversarios como el caso de Nuevo León, donde su candidata cayó al cuarto lugar— como con las giras de trabajo a las entidades con elección de gobernador y el denunciado trabajo cotidiano de los llamados “siervos de la nación” casa por casa, con recursos públicos y chalecos con el color de Morena.
Los ofrecimientos de trabajo han pegado y los señalados cayeron en el juego del presidente en su estrategia para dividir a la alianza PANPRI- PRD, de cara a las próximas elecciones locales y las federales del 2024. Algunos con ingenuidad han dicho que “al presidente no se le puede decir que no”. ¿Tan pronto se olvidaron de los abucheos que les provocaban en cada gira presidencial al inicio del gobierno federal y de la intromisión del crimen organizado en la política local?
Salvo raras excepciones, los ex gobernadores no pasan penurias al dejar el poder; salen muy ricos del gobierno y sin la necesidad inmediata de trabajar. ¿Cuál necesidad entonces de caer en el juego? Será que las convicciones éticas y políticas no van incluidas en la entrega recepción de los gobiernos entrantes y salientes?
Con esas nuevas incorporaciones, el gobierno seguramente no trata de formar diplomáticos (o un nuevo premio Nobel de la Paz), siendo la política exterior uno de los aspectos más abandonados del actual gobierno, el que menos ha respetado al servicio exterior de carrera.
No, con esos nombramientos —en donde a decir de algunos—, los ex gobernadores al aceptar, con todo y el cinismo que se vió, cayeron redonditos en la estrategia oficial para dividir a sus partidos y frenar a la alianza PAN PRI PRD con miras al objetivo que más le interesa por ahora al Presidente: La Sucesión Presidencial del 2024.
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