Alfonso Durazo y Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, son muy cercanos, tanto que se han encargado de ubicar a personal de su confianza en la administración del otro.
Eso incluye a proveedores de servicios y contratistas, quienes han hecho negocios millonarios aquí y allá; un ejemplo es Manuel García, dueño de Fiscales del Agua de México (Fisamex o Eroagua), el terror de los empresarios.
Entre los funcionarios permutados se encuentra Rodolfo Castro Valdés. Secretario de Hacienda con Bonilla, regresó a Sonora (es originario de Huatabampo) para hacerse cargo de la oficina del Ejecutivo, es decir, para ser la mano derecha del gobernador.
Durazo trajo a Castro Valdés pese a conocer a fondo dos condiciones que debieron ser focos rojos.
Entre mediados de 2018 hasta principios de 2021, meses antes de que el gobernador tomara posesión, la empresa Intelinova, propiedad de Castro Valdés, firmó varios contratos multimillonarios con el gobierno de Claudia Pavlovich, la rival política más importante del Durazo candidato.
Pedro Ángel Contreras, con un nexo de compadrazgo con Castro Valdés, era el director del Issteson, la dependencia que más contratos le cedió a Intelinova. Por lo menos es paradójico que una de las principales quejas de Durazo al revisar las cuentas públicas era sobre las condiciones que guardan las finanzas de dicha dependencia, a la que su protegido abonó.
La otra alarma radica en la acusación formal de que Castro Valdés, junto a otra decena de funcionarios de Baja California, creó ilegalmente un fideicomiso para la construcción de una planta fotovoltaíca, un contrato asignado a la empresa Next Energy de México con valor de, al menos, 30 mil millones de pesos.
Dicho movimiento llevó a este grupo a ser vinculado a proceso el día de ayer, es decir, serán juzgados por el delito de peculado, lo que en un lenguaje llano significa apropiarse de dinero público.
Lo más criticable es que la denuncia contra Castro Valdés viene desde agosto del año pasado, por lo que Durazo le contrató y le dio gran poder pese a la sospecha de ser el artífice del daño al erario de Baja California.
Cuestionado ayer, el mandatario se limitó a desearle a su amigo que salga del problema de la mejor forma, mientras éste se defendió en redes sociales utilizando los videos donde Durazo minimiza los hechos y destaca la valía del acusado como funcionario público.
Hay un tufo de corrupción sumamente potente que emana de los implicados, y que el gobernador de Sonora minimizara antes los hechos cuando le dio el cargo a Castro Valdés, como lo hace ahora al tratar someramente un asunto tan delicado, sólo lo empequeñece y le sirve la mesa para tragar otro sapo, como los que ya probó cuando debió exculpar a Claudia Pavlovich por exigencia de López Obrador.
Sonora, entretanto, sólo puede lamentarse.
@cmtovar