En los años cuarenta del siglo pasado, George Orwell ya advertía que los políticos y los burócratas de alto rango terminan por usar un lenguaje que busca defender lo indefendible, es decir, adaptan a los eufemismos como sus principales argumentos, llegando, los más cínicos, a convertirlos en sus muletillas.
Estos políticos, por lo general, buscan generar huestes acríticas pero incendiarias, que crean a pie juntillas sus discursos y les defiendan en los diferentes escenarios; al tiempo, pretenden que dichos discursos manipulen la realidad o generan una alterna, que acalle conciencias y mantenga el status quo.
Lo dicho se exacerba en tiempos de crisis, sobremanera cuando el político o burócrata muestra una incapacidad para solucionar las crisis de la cartera que le fue conferida. El eufemismo se acelera y la máquina de opacidad se engrasa.
María Dolores del Río, secretaria de seguridad pública, y Claudia Indira Contreras, la fiscal general del estado, ejemplifican lo que el gran Orwell advertía.
Con total impunidad retórica, del Río no sólo minimiza las crisis de seguridad que se viven en Cajeme, Guaymas o Caborca, sino que se atreve a priorizar temas que no le interesan a nadie más que a ella y su equipo, y que poco o nada abonan para enfrentar la tirana realidad.
Incapaces de generar seguridad desde su secretaría, gastan su tiempo y recursos (pagados por el ciudadano) para “sugerir” a los afectados que no se subleven, que no levanten la voz, por más que su desesperación crezca.
Con urticaria para enfrentarse a los cuestionamientos, pasan de profundizar y prefieren la simulación, la sonrisa socarrona, los actos públicos al gusto.
Y del otro lado de la acera, la fiscal, superada por el día a día, se atreve incluso a revictimizar con absoluta impunidad. Esta argumentación de que la víctima de feminicidio tiene culpa de serlo porque usa drogas, o se relaciona con “generadores de violencia”, resulta tan irresponsable como inescrupulosa. Y no es la primera.
Olvidan ambas funcionarias que en medio de sus eufemismos no sólo está en juego la credibilidad del gobernador Durazo, del aparato gubernamental y de ellas mismas (que al final es lo de menos), sino las certezas que los ciudadanos requieren para desarrollar su vida.
Su obligación está con los gobernados, aunque lo olviden desde su posición que, no deberían olvidar, tiene fecha de caducidad.
@cmtovar