Hace algunos años, cuando se abrió la consulta pública para el análisis del Plan y los Programas de Estudio que darían forma a los nuevos Libros de Texto Gratuitos, acudimos en tiempo y forma. Presentamos observaciones, preguntas técnicas, propuestas pedagógicas y planteamientos puntuales sobre educación sexual, lenguaje inclusivo, formación docente y participación de padres de familia. No fue una postura reactiva. Fue una participación responsable, documentada y formal.
Lo hicimos convencidos de algo elemental: las políticas públicas no pertenecen a un grupo, ni a una corriente ideológica, ni a un funcionario. Pertenecen a la Nación.
Por eso hoy surge una pregunta inevitable: si un funcionario no acata ni respeta la investidura presidencial —que representa la conducción institucional del Estado mexicano—, ¿qué garantía existe de que respete la voz de los padres de familia, de las organizaciones intermedias o de quienes piensan distinto?
No se trata de simpatías personales. Se trata de orden institucional.
La Presidencia de la República no es una persona; es una institución constitucional. Su autoridad no se sostiene en popularidad, sino en la legitimidad democrática y en la cadena de mando que permite que el Estado funcione. Cuando esa cadena se relativiza por convicción ideológica o protagonismo personal, el problema no es político: es estructural.
Sin orden no hay gobernabilidad.
Y la gobernabilidad no es un concepto abstracto: es la condición mínima para que un país pueda educar, invertir, planear y convivir en paz.
Ahora bien, tampoco puede ignorarse el otro pilar fundamental: las organizaciones intermedias. Padres de familia, colegios profesionales, asociaciones civiles, universidades, iglesias, cámaras empresariales. Son el tejido social que equilibra al poder público. No están para aplaudir ni para sabotear. Están para participar, proponer y señalar cuando algo puede mejorarse.
Cuando la socialización de una política pública se sustituye por la imposición ideológica, se erosiona esa base. Y cuando se desacredita a quienes participan formalmente en consultas abiertas, el mensaje es delicado: la convocatoria fue trámite, no diálogo.
La educación no puede convertirse en laboratorio doctrinario. Debe ser espacio de formación integral, plural, científicamente sustentada y respetuosa del desarrollo psicológico y moral de niñas, niños y adolescentes. Eso fue lo que planteamos entonces. No desde el dogma. Desde la responsabilidad.
El riesgo no está en debatir ideas. El riesgo está en que un funcionario —cualquiera— se asuma por encima de la institución que le dio el cargo. Cuando la convicción personal se coloca por encima de la estructura del Estado, se genera una tensión innecesaria que termina debilitando al propio gobierno que se dice defender.
La autoridad presidencial no necesita aduladores. Necesita funcionarios disciplinados al marco institucional.
La sociedad no necesita confrontación permanente. Necesita escucha genuina.
Y el país no necesita cruzadas ideológicas. Necesita educación de calidad.
Defender la investidura presidencial no es defender a una persona. Es defender el principio de autoridad democrática.
Fortalecer a las organizaciones intermedias no es oponerse al gobierno. Es consolidar la República.
Y señalar los excesos ideológicos no es atacar; es prevenir fracturas innecesarias.
México se construye en equilibrio: Estado fuerte, sociedad participativa y funcionarios conscientes de que el poder es encargo, no propiedad.
Cuando cualquiera de esos tres elementos se desborda, el país entero paga el costo.
La educación —precisamente la educación— debería enseñarnos eso.
