Ciudad de México.- La sexagésima quinta legislatura del Congreso de la Unión está por concluir y dejará varios asuntos sin resolver, entre ellos, la aprobación de la Ley General de Aguas y la prohibición de la maternidad subrogada, y por el contrario ha dado prioridad a las reformas que salen directamente de Palacio Nacional.
La cercanía del fin de la segunda legislatura con mayoría representativa del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reducen las posibilidades de que las reformas puedan ver la luz en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
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Diputados federales y senadores solamente alcanzarían (o eso se espera) a discutir y dejar aprobada el paquete de reformas laborales, que incluyen la reducción de 48 a 40 horas de trabajos semanales y dos días de descanso por cada cinco de trabajo.
Las cámaras, baja y alta, sin embargo, dejarían en la congeladora la aprobación de la nueva Ley General de Aguas, pese a que gran parte del país ya padece desabasto por el estrés hídrico en diversas regiones de la República mexicana.
Además, la deuda histórica con las mujeres sigue: el Congreso de la Unión no llevó a la discusión la actualización de la ley para permitir la interrupción del embarazo ni para prohibir el alquiler de vientres, temas en los que grupos feministas insistieron todo el sexenio.
- Reducción de jornada laboral
La discusión de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales es uno de los principales pendientes del Congreso de la Unión. La iniciativa es propuesta de la diputada federal Susana Prieto Terrazas, quien en febrero de 2024 renunció a Morena por presuntas trabas para la aprobación de la reforma.
El contenido de la iniciativa de Prieto Terrazas, que busca modificar la sección A del artículo 123 de la Constitución Política del país, propone también la incorporación de dos días descanso después de cada cinco de trabajo.
La discusión de la Propuesta de Reducción de la Semana Laboral se debería de tener antes de que termine abril y se contempla que su implementación se lleve a cabo en este mismo año, sin embargo, los diputados han dado prioridad a las reformas enviadas por el presidente como se ha visto en la últimas semanas con las reformas que crean el Fondo de Pensiones para el Bienestar, la Ley de Amparo y la Ley de Amnistía.
- Ley de Aguas
En febrero de 2024 se cumplieron 11 años desde que la Ley de Aguas debió aprobarse en las cámaras de diputados y senadores, en acato a la Constitución. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) asegura que su aprobación es urgente para evitar una crisis hídrica en México.
Los derechos humanos de acceso al agua y saneamiento en México se elevaron a rango constitucional en febrero de 2012 tras una reforma al artículo cuatro de la carta magna. Tras la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación, concedió un plazo de 360 días para expedir una nueva Ley General de Aguas.
Esta reemplazaría a la Ley de Aguas Nacionales de 1992. Tras una década de omisión legislativa, el reto es modernizar la ley y adaptarla a la nueva realidad que, según el IMCO, conduce hacia una crisis hídrica en todo el país por las malas prácticas en la gestión del recurso.
- La interrupción legal del embarazo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la implementación de la interrupción legal del embarazo en septiembre de 2023, sin embargo, el plazo para que diputados y senadores actualicen la legislación venció el pasado 15 de diciembre.
El fallo de los ministros del máximo tribunal del país obliga a todos los sistemas de salud del país a otorgar el servicio e impedir que el personal médico y de enfermeras sean criminalizados por hacerlo y a las mujeres por interrumpir su respectivo embarazo.
- Vientres de alquiler
La prohibición de la maternidad subrogada es uno de los temas principales de la agenda feminista en México. Hasta ahora, el país carece de una ley que regule el alquiler de vientres, servicio que puede costar entre 20 y 200 mil pesos. En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a los estados que se regule la maternidad subrogada, sobre todo la que involucra términos económicos.
Hasta el momento, solo entidades como Sinaloa, Querétaro, Coahuila y San Luis Potosí tienen prohibido la maternidad subrogada. La falta de legislación permite un mercado negro para parejas extranjeras que llegan al país en busca de mujeres que les alquilen un vientre para gestar a sus hijos.
Fuente: Tribuna