El gobierno de Alfonso Durazo tuvo que remar contracorriente desde el primer día en materia de impartición de justicia.
La presencia de Claudia Indira Contreras en la Fiscalía le puso y le mantiene en la encrucijada de la impunidad.
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Justo cuando el nuevo gobierno necesitaba concretar su legitimidad, se topó con pared al reconocer que los resultados de la Fiscal durante el sexenio de Claudia Pavlovich, eran todo menos positivos.
Y, peor, que no había visos de cambio.
Para que crean en su discurso en contra del crimen, en sus promesas de acabar con la impunidad, de darle certeza jurídica a los sonorenses, el ejecutivo necesita a una Fiscalía eficiente y de bajo perfil.
El gran problema es que Contreras no ha caracterizado a su gestión por eficiente, ni por ser bajo perfil; en realidad ha optado por la opacidad y por darle un sesgo reactivo, y no activo al organismo.
Los casos de gran impacto en el estado: Abel Murrieta, el ataque al palacio municipal de Guaymas donde murió Marisol Cuadras, la desaparición de miembros de la Tribu Yaqui, el asesinato de mujeres que conforman colectivos de búsqueda, entre otros, siguen impunes.
Porque en el discurso, faltaba más, la cosa es otra. Sin resultados tangibles, sin sentencias en tales hechos, se presumen actos y logros que sólo existen en sus propias elucubraciones.
Ante el complicado panorama, el gobierno estatal parece haber optado por resolver el entuerto políticamente, respaldando a la Fiscal a través del aparato gubernamental.
La jugada, sin duda, es riesgosa porque si los números, los logros y la percepción de justicia no mejoran, entonces será el gobernador Durazo el que pierda, y lo hará dos veces: en legitimidad y en cumplimiento de promesas.
@cmtovar