En 2020, el municipio de Cajeme destinó 441 millones de pesos al pago extraordinario de horas extras, prestaciones y sueldos de su burocracia.
El gran problema radica en que el recurso provenía de las participaciones federales, el cual suele venir etiquetado para destinarse en aspectos puntuales, y nunca en el gasto corriente.
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De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, de los 441 millones, 115 no han sido aclarados en su destino, es decir, no hay certeza, por falta de documentación de qué caminos siguieron.
Todo esto ocurrió en la gestión de Sergio Pablo Mariscal, una de las más opacas, irregulares y señaladas que se recuerden.
Lo narrado no es asunto menor, pues, de acuerdo con la Auditoría a 134 empleados se les realizó un pago extraordinario que sumó casi seis millones de pesos, además de cubrir los riesgos laborales erogando caso 110 más.
No está de más decir que de la participación federal, que superó los 500 millones, la administración no invirtió un solo peso en obra pública, pese a que resultaba imperioso.
Tampoco lo es que fue Karina Montaño, la tesorera de Mariscal, por quien pasó tanto la documentación como el recurso federal, que hoy no puede ser justificado en su erogación por ella misma, pues fue ratificada en el cargo en la presente administración.
Cajeme necesita con urgencia ordenar sus finanzas, dar mayor certeza a la federación y el estado de que las participaciones que le corresponden tienen un uso adecuado.
Al tiempo, mucho tiene por hacer Javier Lamarque en transparencia y rendición de cuentas, pues le dejaron una pesada herencia de opacidad e irregularidades.
Las intenciones del alcalde parecen buenas, pero está obligado a comunicar mejor y a cerrar estos huecos financieros para no permanecer en el ojo crítico de los auditores.
@cmtovar