El 3 de diciembre de cada año es un día para refrendar nuestro compromiso con los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Gobiernos y la comunidad en conjunto asumimos diferentes compromisos con este grupo prioritario, cuya condición física y/o mental requiere de nuestro apoyo para que accedan a una vida con mejor salud y bienestar.
Gracias a la voluntad de los Estados Parte de la Organización de las Naciones Unidas, en 1992, este organismo internacional declaró el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Una efeméride que pone en el centro los derechos de mil 300 millones de personas con discapacidad que viven en el mundo, de las cuales, más de 8.8 millones residen en México (INEGI, 2023).
Los retos y las dificultades diarias que viven las personas con discapacidad requieren de nuestra sensibilidad humana y acción solidaria para contribuir a su desarrollo físico, mental y social, que les permitan tomar parte en los ámbitos político, social, económico y cultural, sin discriminación y en condiciones de igualdad.
Para muchas personas con discapacidad en edad laboral, es difícil encontrar un empleo que les permita aportar a la economía de sus hogares y vivir con mayor autonomía, a lo que se suma la falta de acceso a los servicios educativos. Estos hechos les hacen más vulnerables de vivir en pobreza y de no gozar de las oportunidades del desarrollo.
Aun cuando existe un marco normativo nacional e internacional que reconoce sus derechos y establece las obligaciones del Estado en la materia, todavía hace falta mucho por hacer y mejorar. Para la Cuarta Transformación, este diagnóstico se convirtió en una política pública de Estado, ejecutando diferentes acciones de largo plazo. Enseguida mencionaré por qué.
En 2020, siendo diputada federal, reformamos el artículo 4 constitucional para reconocer el derecho de las personas de cero a 29 años de edad a una pensión no contributiva; únicamente, en el caso de personas indígenas o afromexicanas, el derecho se extendía hasta los 64 años.
En 2024, desde el Senado de la República, reformamos la Constitución para ampliar dicho derecho a todas las personas con discapacidad de cero a 64 años de edad —a partir de los 65 años recibirán de forma universal la pensión para personas mayores—, así como el derecho a la rehabilitación y la habilitación.
A la fecha, hay más de un millón 600 mil beneficiarias y beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, gracias a que este apoyo económico es un derecho constitucional y a la participación de 24 gobiernos estatales con recursos públicos para su universalización, entre ellos, Sonora.
De igual forma, el Programa Salud Casa por Casa brinda servicios de salud preventiva a las personas mayores y a las personas con discapacidad directamente en sus hogares, asistiéndoles con un seguimiento de enfermedades, medicación, así como la canalización a servicios hospitalarios o estudios de laboratorio cuando sea necesario. Este programa, que busca ser el más grande del mundo, ha realizado más de 8.8 millones de consultas.
En la Cuarta Transformación, el bienestar y la dignidad de las personas con discapacidad son una prioridad.
Lorenia Iveth Valles Sampedro
Senadora de la República
