Cada vez que Donald Trump presiona a México a "luchar contra los cárteles de la droga", no está sugiriendo un plan de seguridad: está reavivando un conflicto infructuoso que ha resultado en centenares de miles de fallecimientos, territorios devastados y gobiernos debilitados en toda América Latina.
No se trata de una idea novedosa ni de un reclamo inocente; representa una ofensa política que reduce a México a un rol de inferior y a su gente como víctimas colaterales.
La denominada 'Guerra contra las drogas' nunca ha tenido como propósito principal la protección de la salud pública ni el control de consumos problemáticos. Su verdadero objetivo ha sido la militarización de áreas, justificar acciones de intervención y dominar a grupos considerados innecesarios. Trump no pide menos agresión ni mayor bienestar; demanda una respuesta contundente, más fuerzas armadas, más prisiones y más derramamiento de sangre.
El patrón es familiar y los efectos son igualmente evidentes. Desde la perspectiva de reducir daños, esta presión debe interpretarse por lo que realmente es: En intento de establecer un modelo punitivo que causa más daño del que pretende erradicar. Años de evidencia indican que la criminalización no disminuye el uso de sustancias, no desarticula el comercio ilegal y no brinda seguridad a las comunidades.
En lugar de eso, incrementa los riesgos, fortalece el poder de las economías ilegales y convierte la violencia institucional en una estrategia de gobierno. La doble moral en Estados Unidos es tanto evidente como profundamente arraigada. Es el país que mayor cantidad de sustancias ilegales consume a pesar de afirmar luchar contra ellas, fabrica y vende las armas que alimentan la violencia en México y se beneficia principalmente del blanqueo de capitales del narcotráfico.
A pesar de esto, el discurso predominante sigue culpando al sur en lugar de reconocer que la crisis es tanto de carácter binacional como estructural. Trump evita mencionar la necesidad de regulaciones, de reducir daños o de asumir responsabilidades compartidas, ya que estas alternativas desmantelarían la narrativa bélica que le resulta políticamente ventajosa.
Aceptar estas presiones tiene repercusiones significativas. En el ámbito político, fortalece la militarización de la vida pública y menoscaba las instituciones civiles. En el aspecto social, agrava el estigma hacia las personas que consumen drogas, comunidades empobrecidas y áreas racializadas.
En el terreno de la salud, desvía recursos de prevención, tratamiento voluntario y atención holística hacia enfoques represivos que solo aumentan las muertes que podrían evitarse.
El riesgo no es únicamente interno. El discurso de Trump permite la posibilidad de intervenciones directas, que van desde la designación de 'grupos terroristas' hasta medidas económicas punitivas o acciones secretas. La historia de América Latina revela que cada aumento en la retórica se traduce eventualmente en mayor violencia tangible.
La lucha contra las drogas no se limita al discurso: Siempre se materializa en los cuerpos. Ante esta situación, la reducción de daños no es una postura débil ni poco comprometida; representa una postura política revolucionaria que pone la vida como prioridad.
Reducir daños significa aceptar que el uso de drogas es una realidad, que persistirá y no se erradicará a través de la violencia. Significa dar prioridad a la salud pública, los derechos humanos y la equidad social en lugar de al castigo y el temor. Significa romper con la mentalidad colonial que convierte a México en el escenario de un conflicto que no eligió.
México no necesita más amenazas ni ultimátums. Es esencial que implemente estrategias fundamentadas en datos, colaboración internacional sin castigos y el coraje político de rechazar un planteamiento que ya ha probado ser ineficaz.
Oponerse a la presión de Trump no representa una postura ideológica ni un acto de desafío simbólico; es una necesidad moral, una urgencia ética y de salud pública.
La paz no se logra a través de la militarización de la pobreza ni mediante la criminalización del consumo. La seguridad no se establece desde Washington. Y la vida —esa que la guerra contra las drogas continúa quitando— debe ser prioritaria sobre cualquier estrategia electoral.
En tanto que Trump busca reactivar una batalla que ya fracasó, la reducción de daños aboga por lo que es realmente transformador: que ninguna otra persona deba perder la vida a causa de una política que jamás ha tenido éxito.
