La reducción de la brecha salarial entre mujeres y hombres no es solo una aspiración social: Es una obligación del Estado mexicano respaldada por un marco jurídico construido durante décadas. El principio de igualdad se incorporó en 1974 al artículo 4 de la Constitución, que reconoce que mujeres y hombres son iguales ante la ley. A partir de entonces, México asumió compromisos internacionales al ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), instrumento que obliga a los Estados a impulsar políticas públicas con perspectiva de género y a eliminar la discriminación estructural contra las mujeres.
Este compromiso se fortaleció con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, promulgada en 2006, que establece las bases para alcanzar la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado. En el ámbito estatal, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sonora, publicada en 2008, promueve la coordinación institucional y la implementación de acciones afirmativas para garantizar oportunidades económicas equitativas. Más recientemente, la reforma de 2024 al artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo reforzó el principio de "a trabajo igual, salario igual", obligando a promover medidas concretas para erradicar prácticas salariales discriminatorias.
La brecha salarial de género —entendida como la diferencia entre los ingresos de hombres y mujeres respecto al ingreso masculino— es uno de los indicadores más claros de desigualdad económica. En México, este fenómeno ha sido estudiado desde hace décadas. Uno de los primeros análisis fue realizado por Rafael Alarcón y Terry McKinley (1994), quienes, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, documentaron que en 1982 las mujeres ganaban 23.3 por ciento menos que los hombres; en 1989 la diferencia aumentó a 28.4 por ciento, y en 1992 se redujo a 25.3 por ciento.
Cuatro décadas después, el problema persiste. Según la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en México las mujeres ganan en promedio 20 por ciento menos que los hombres. Esta desigualdad se profundiza cuando se combinan otros factores, como la maternidad, el origen étnico o la discapacidad. Además, solo el 45 por ciento de las mujeres en edad productiva participa en el mercado laboral, frente al 78 por ciento de los hombres, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
En Sonora, la situación refleja esta misma tendencia. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022) muestran que los hombres perciben en promedio 33 mil 964 pesos trimestrales, mientras que las mujeres reciben 19 mil 336, lo que representa una brecha de 14 mil 628 pesos. Las diferencias se amplían al considerar la composición familiar: Los hombres con dos hijas o hijos registran los ingresos más altos, mientras que las mujeres con cuatro o más hijos presentan los niveles más bajos.
Esta realidad es especialmente preocupante si se considera que diversos estudios señalan que las mujeres destinan hasta el 75 por ciento de sus ingresos al bienestar del hogar. En consecuencia, la brecha salarial no solo afecta a las mujeres, sino también a sus familias y al desarrollo social.
Entre sus causas más frecuentes destacan dos factores persistentes en el mercado laboral urbano: la segregación ocupacional —que concentra a las mujeres en sectores y puestos peor remunerados— y la discriminación de género en las condiciones de trabajo.
A más de un año de la reforma al artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, los avances aún son limitados. Reducir la brecha salarial requiere acciones concretas y una mayor coordinación entre el sector público y el privado. Instituciones como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pueden impulsar medidas clave: Auditorías salariales que identifiquen desigualdades de género, incentivos a empresas que demuestren avances en igualdad salarial y programas de capacitación que sensibilicen sobre los beneficios económicos y sociales de la igualdad.
Cerrar la brecha salarial no solo es una cuestión de justicia para las mujeres; también es una condición indispensable para construir una economía más competitiva, incluyente y sostenible.
