A finales de junio, en la colonia Sánchez Taboada de Tijuana, el presidente lo anunció en una de sus visitas a Baja California. El lugar del anuncio era simbólico pues es una de las colonias con los índices más altos de violencia del estado. Con ánimo experimentador —o seductor— su propuesto programa se extendería a otros estados fronterizos. El fondo recabado regresaría “etiquetado para beneficio de los propios bajacalifornianos, sobre todo de la gente pobre, en temas como la salud, educación, agua y vivienda”. El trámite sería de forma muy sencilla y a un costo muy accesible. El objetivo: reforzar la seguridad del país.
Este compromiso se reiteraría dos meses después en Chihuahua. Mañana firmaría en Ensenada el nuevo acuerdo o decreto para regularizar dichos autos.
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Lo que hace el presidente es ensamblar una narrativa. Nada nuevo. La narrativa son relatos o historias que los actores sociales (políticos en este caso, pero no solo ellos) ensamblan para convencer a otros (población o tomadores de decisiones) de que acepten su definición del problema y sus soluciones. Son historias que se cuentan —principalmente en los medios— para influir en la opinión o en las políticas públicas.
En una sociedad democrática, se esperaría que otros actores afectados elaboren sus propias narrativas para reforzar, neutralizar o contrarrestar la narrativa dominante. Para el caso de los autos “chocolate”, uno de estos actores muy activo es la AMDA (Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores), “portavoz” de una coalición amplia. La suya es una narrativa amplia y detallada, rica en argumentos y estrategias, incluso desafiante. Lo es pues se percibe un cambio radical en los dichos del presidente.
En el Instituto de Investigaciones Sociales de la UABC realizamos hace algunos días un Foro sobre autos “chocolate” para reconstruir las principales narrativas que aparecen en los medios de comunicación. Acudieron líderes de AMDA, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) de Baja California y de Redspira, organización civil que monitorea la calidad de aire en Mexicali.
Para AMDA, los autos “chocolate” es “contrabando automotriz”. Pretender suavizar el lenguaje con otros términos es justificar la ilegalidad, la cual, asegura, se tolera desde las esferas de gobierno; incluso señala que existe una mafia que contrabandea autos usados desde EU. AMDA señala una serie de efectos en la economía y sociedad mexicana generados por este “contrabando”, inducido por políticas de gobierno.
Lo de AMDA aparece como momento de honestidad. Advierte en tono apocalíptico, por ejemplo, que relajar los requisitos de importación de autos usados o de regularización de los que ya están internados en el país tendría efectos desastrosos en la recaudación de la federación y de los estados, la cual muestra vaivenes no siempre positivos y con pronósticos poco optimistas. Y en las aduanas esto es más evidente y complicado, como ha sido reconocido por la misma Raquel Buenrostro del SAT.
También advierte que la propuesta del presidente ocasionaría menos empleo formal en las cadenas de producción vinculadas a la industria automotriz. Y es que, como se ha señalado hace unos meses, el sector automotriz genera alrededor de 1 millón de empleos directos y 1 millón de indirectos, contribuyendo, además, con el 18.9% del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero en México, con una balanza comercial positiva superior a los 77 mil millones de dólares. Otro efecto económico con dimensiones sociales que AMDA advierte sería el daño al patrimonio de ciudadanos propietarios de vehículos: el valor de sus automóviles regulares disminuiría por la saturación de oferta que hubiera con la regularización.
AMDA agrega a su narrativa, si bien de manera complementaria, el problema de contaminación. Señala que, se importan, incluso por el comercio formal, vehículos siniestrados con títulos “salvage”; es decir, vehículos descartados en EU. Con ello se evoca una imagen conocida por todos nosotros cargada de emociones: México como patio trasero receptor de objetos de descarte y contaminantes. Se apela tácitamente al nacionalismo y traumas históricas en la relación México-EU.
Redspira lo explica diferente, si bien puede ser de manera complementaria: las características técnicas y mecánicas que tienen los autos “chocolate” influyen de manera importante en la contaminación. Una de las características es la antigüedad y las condiciones mecánicas de los autos “chocolate”; muchos de estos son autos descontinuados para circular en EU porque las normas ambientales con las que fueron diseñados cambian y muchos de ellos ya no cumplen con las normas locales que les permiten circular.
Otro recurso del que AMDA echa mano para armar su narrativa es la inseguridad pública, fenómeno que azota fuertemente a las ciudades de la frontera norte. Coincide con el presidente cuando se señala de los ilícitos cometidos en la región, entre 60 y 80 % se cometen con autos “chocolate”. Si bien hay que señalar una diferencia: el presidente apela a esta cifra escandalosa para justificar la regularización, AMDA lo hace para advertir lo que vendría si se implementa el programa, como ya sucedió, señala, en el 2005-2006.
De los invitados al Foro, encontramos que la narrativa de AMDA es la más amplia, detallada y demandante, si bien omite —¿intencionalmente? — un hecho clave mencionado por Juan Manuel Hernández Niebla del CCSP: el inicio del problema de autos “chocolate”, al menos en su magnitud actual, se remite al año 2005 cuando la industria de autos nuevos presionó a la administración federal para que cerrara la frontera a la importación de vehículos usados. El resto es la historia contada por AMDA y, en menor medida, por Redspira.
*Egresado del programa de maestría en Ciencias Sociales por El Colegio de Sonora