A un año del arresto de Emilio Lozoya

El 12 de febrero del 2020 se cumplió un año de la detención de Emilio Lozoya Austin, el hombre clave en la trama de corrupción energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando Lozoya ocupó la dirección de PEMEX, entre diciembre del 2012 y a mediados del 2015. Mucho se ha dicho y mucho se ha filtrado desde la tercera semana de agosto pasado, que dejó en evidencia la confrontación entre los grupos de poder político, porque fue esa semana cuando se filtró un video del personal del Senado al servicio de la bancada del PAN, recibiendo dinero en efectivo en bolsas. Fue la semana en que se filtró la denuncia interpuesta por el propio Emilio Lozoya dando a conocer hasta los mínimos detalles de la corrupción sexenal, y fue la misma semana que otros videos y audios aparecieron (como si fuera una respuesta) mostrando la recepción de dinero en efectivo de manos de David León a Pío López Obrador. De todo aquello y lo demás, lo único que nos queda es lo anecdótico, pues ninguno de estos asuntos ha llegado a un proceso judicial avanzado. Estamos muy lejos de ver sentencias y en el caso del hermano del presidente al parecer, todo ha quedado en el olvido. La Fiscalía General de la República aparentemente autónoma, aunque su conducción nos ha dado a pensar que atiende a los criterios sexenales de este y de todos los sexenios, lo que hasta hoy nos deja son amplias expectativas y muchas dudas. La primera de las dudas tiene que ver con las condiciones en que diferentes asuntos revelados hasta ahora puedan verse desestimados por prescripción, es decir, que debido al paso del tiempo ya no sea posible someterlos a un juicio. Un caso es la planta de Etileno 21 de Odebrecht y en otro ejemplo está en el caso del empresario Alonso Ancira, recién extraditado a México y que también podría quedar en libertad, ya tiene dos amparos, uno de estos ha desestimado la causa muy a pesar del intento persistente de la Fiscalía por conseguir más evidencias, aunque sea de otros asuntos para no terminar de quedar en ridículo. Una segunda incertidumbre tiene que ver con la calidad de las investigaciones, hasta ahora por la natural secrecía de los procesos, no se conoce a ciencia cierta las pruebas ofrecidas por Emilio Lozoya, como para poder generar la certeza de que aquello que ha dicho en las denuncias que conocemos sea verificable y que se pueda probar. Y es que hay en sus dichos aspectos que resultan de improbable comprobación, por ejemplo, menciona las conversaciones del entonces presidente Enrique Peña Nieto con el entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray, considerado este último el cerebro de las muchas supuestas operaciones, pero quedan solo en dichos de quien, en un intento por defenderse, trata de revelar lo que sabe o en el peor de los casos ofrece versiones para conseguir el favor gubernamental, la protección en reciprocidad al testimonio, dicho de otra era, el criterio de oportunidad (ser testigo colaborador). El tercer elemento es político y tiene que ver con la presión que ejercen sobre el Gobierno de López Obrador, quienes pudieran verse afectados. No hay otra forma de interpretarlo, porque en esa misma semana (la tercera de agosto) se reveló entre otras cosas el asunto de Pío López Obrador, como si tratara de mensajes entre los grupos de poder, el que hoy lo ejerce y el que se fue, pero que este último posee elementos para deslegitimar al de hoy, que ahora además lo está persiguiendo. Esta combinación de elementos pueden tener una salida empezando por este tercer elemento, que es qué, López Obrador resista como hasta ahora ha resistido las revelaciones respecto a su entorno sin mayor complicación. No ha tendido ni siquiera impacto en su popularidad. Pero eso además implicaría que la Fiscalía se concentre en lo que tiene auténticamente, sin riesgo de prescripción y que lo haga ateniéndose a la probanza que ha conseguido a través de investigación, más que, a los dichos de los testigos protegidos y eso pasa necesariamente por imputar a Emilio Lozoya y quizás retirarle los beneficios del criterio de oportunidad, algo que por cierto se viene adelantando desde hace semanas, esta reprobable comisión de delitos de Lozoya, tales como operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho, es decir la mordida y asociación delictuosa. Además hay más declaraciones del fiscal general Alejandro Gertz Manero, que nos indica que por ahí pareciera ir el asunto. Estos días son cruciales y de las decisiones que se tomen en la Fiscalía General dependerá el éxito o fracaso del caso más emblemático de corrupción que el actual Gobierno de la 4T ha perfilado. Lo ha perfilado con horas y horas acumuladas de expresiones presidenciales respecto al asunto y lo ha convertido en el ejemplo de su lucha contra la corrupción, que es el tema central del discurso presidencial. Ahora o se hace justicia o todo queda impune.