Ricardo Mejía Berdeja es un político de encumbrado en Guerrero y Coahuila; de perfil bajo, el hoy subsecretario de seguridad pública fue diputado local en el estado norteño gracias a su cercanía al grupo de poder encabezado en su momento por Luis Donaldo Colosio; luego pasó varios años trabajando en gobiernos estatales, siempre a la sombra, donde su habilidad de negociación y de ver por los visillos de las puertas del poder le permitieron mantenerse vigente.
Con el tiempo, después de ser parte de quienes comenzaron el partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), Mejía Berdeja llegó por primera vez al escándalo tras darse a conocer que vendió a una página web (mexicana, pero con sede en Suecia) el padrón electoral, lo que le permitió embolsarse varios millones de pesos de una tajada y seguir haciendo política lejos de dicho partido, pero cerca del Movimiento de Regeneración Nacional, particularmente de Alfonso Durazo.
Con Durazo le une una amistad añosa: cuando el hoy candidato a la gubernatura de Morena era secretario particular de Colosio, Mejía Berdeja organizaba movimientos juveniles para el malogrado político. Por ello, desde que el de Bavispe realizó sus últimos acercamientos con López Obrador, Mejía le acompañó, hasta aterrizar en la Secretaría de Seguridad Pública como su mano derecha.
Hoy, con la venia presidencial y, por supuesto de su exjefe Durazo, Mejía Berdeja defiende con uñas y dientes la nueva ley que pretende obligar al ciudadano a entregar sus datos biométricos al gobierno si pretende adquirir una línea de telefonía celular. Ese, entre otros, es uno de los legados que dejó el hoy aspirante a la gubernatura de Sonora.
Los que saben insisten en que esta maniobra, trabajada desde que llegaron al poder en 2018, se trata de un modelo de negocio y control típico de los funcionarios que quieren congratularse tanto con el régimen como con el poder económico, en un pragmatismo burdo, siempre a la espera de cobrarse después estos “favores” manufacturados a costillas de la gente de a pie.
Pero no es la única decisión a modo que tomó Durazo en sus tiempos como secretario de estado. La Policía Minera quedará como uno de las determinaciones con destinatario claro: Alberto Bailleres y Germán Larrea, grandes magnates de la industria, quienes negociaron con el hoy candidato protección para sus intereses, aunque dicha protección, más que enfrentar el crimen organizado, lo hace día a día con pobladores de las zonas mineras, a los cuales se le han despojado territorios y accesos al agua. La pregunta es, ¿a cambio de qué?
Opacidad
Durante su gestión al frente de la SSPC, Durazo fue proclive a brindar contratos de forma directa, es decir, sin licitación de por medio. El portal de transparencia indica que hasta las nochebuenas con las que eligió decorar sus oficinas en 2019 (por las que pagó medio millón de pesos) fueron adquiridas sin concurso, lo que detalla su opacidad como funcionario.
Aunque lo dicho es pecata minuta si le comparamos con la decisión de resguardar por cinco años el expediente del operativo para detener a Ovidio Guzmán, el cual terminó en un rotundo fracaso: una de las cruces más pesada de la gestión de Durazo como secretario de seguridad, que decidió liberar al capo tras un torpe operativo, que permitió al crimen organizado doblar las manos al Estado mexicano.
Porque, claro, el principal legado de Durazo es haber roto los récords de asesinatos en el país, el haber perdido territorios donde anteriormente había estado de derecho y dar continuidad a una política de guerra frente al crimen, sin mediar una estrategia distinta, una que le diera certeza al futuro de la nación.
Hoy, el candidato presume que acabará con la inseguridad existente en Sonora, paradójicamente incrementada durante su gestión de forma dramática. Los cárteles se han repartido el territorio durante los últimos dos años y las políticas implementadas desde sus tiempos en la Federación nunca frenaron la oleada criminal.
Ese, ese sí es su legado.