Muchos dicen que el litio ya pasó de moda, que es un tema agotado en la agenda pública, pero si hay algo que la presidenta nos ha insistido es que valoremos lo que tenemos y aprendamos a aprovechar lo que sí nos sirve, y es que como solía decir mi padre: “de nada sirve un trabajo bien hecho, si se queda guardado en una computadora”. Hablar del litio en México es hablar de un recurso que trasciende lo técnico. Es, en realidad, un espejo de nuestra capacidad para planear, decidir y ejecutar con visión de futuro, pues de poco sirve proclamar soberanía si no sabemos cómo transformarla en instituciones sólidas, contratos claros y proyectos que dejen huella más allá de un sexenio.
¡AHÍ ESTA EL DETALLE! podemos presumir que el litio es nuestro, que ya lo nacionalizamos, que ya tenemos a LitioMx… pero si no sabemos cómo administrarlo con contratos claros y con visión de futuro, ese recurso se nos puede volver sólo anécdota política.
Los contratos para la explotación del litio en México se hanconvertido en una prueba de fuego sobre cómo México decide administrar sus recursos naturales, en un escenario global donde la transición energética exige certezas, tecnología y marcos jurídicos claros, el derecho comparado nos enseña que no se trata de copiar modelos extranjeros, sino de adaptarlos a nuestra realidad; en México existen esquemas contractuales que podrían abrir camino sin ceder la rectoría del Estado.
1. Contratos de servicio
Este esquema permite que una empresa privada aporte su experiencia y capacidad técnica para exploración, extracción o procesamiento, sin adquirir derechos de propiedad sobre el mineral ni sobre la producción. Es el modelo más conservador y compatible con la reserva estatal: el litio sigue siendo de la Nación y el contratista recibe una tarifa.
2. Contratos de utilidad compartida
Aquí la empresa asume riesgos financieros y técnicos, y si hay éxito productivo, se reparte una proporción de las utilidades. Aplicado al litio, significaría atraer inversión sin renunciar a la rectoría. El reto: definir porcentajes justos y transparentes para ambas partes, evitando discrecionalidad.
3. Contratos de producción compartida
A diferencia de la utilidad compartida, este esquema permite que la empresa reciba un porcentaje de la producción en especie. El Estado sigue siendo propietario del recurso, pero comparte volúmenes concretos de litio extraído.
4. Asociaciones público–privadas (joint venture)
Es el modelo más flexible: el Estado, a través de LitioMx, se asocia con privados que aportan capital y tecnología. Para México sería una forma de no caminar solo en un terreno donde carecemos de experiencia (extracción de litio de arcillas). Aquí el reto es político: aceptar que la soberanía también puede ejercerse en clave de corresponsabilidad.
5. Contratos de transferencia tecnológica
Son indispensables para México, porque nuestro litio no está en salmueras fáciles de explotar, sino en arcillas complejas. Sin innovación y patentes, el litio mexicano podría seguir siendo una promesa y no una realidad.
México tiene dos caminos: mantener un monopolio simbólico sin producción real, o asumir que el Estado necesita socios bajo reglas claras. Lo importante no es negar la participación privada, sino diseñar contratos que protejan el interés público, fortalezcan la cadena de valor nacional y eviten repetir errores de improvisación.
La pregunta que subyace es simple y contundente: ¿queremos que el litio sea una bandera política o un motor de desarrollo? La respuesta se dará no en discursos, sino en los contratos que se firmen en los próximos años. Ahí se medirá nuestra madurez jurídica, nuestra capacidad técnica y, sobre todo, nuestra visión de futuro.
Un contrato mal hecho puede hipotecar el futuro de un recurso estratégico, mientras que uno bien diseñado puede ser el motor de desarrollo de toda una región, y es que no se trata de gritar que “el litio es nuestro”, se trata de que ese “nuestro” se vea reflejado en empleos, tecnología y bienestar.
El reto, sin embargo, no está en el papel. Está en la claridad con la que se negocien estos contratos, en la transparencia de sus términos y en la convicción de que soberanía no significa cerrarse, sino gobernar con inteligencia. La verdadera fortaleza del Estado no se mide en discursos, sino en la capacidad de diseñar reglas que sobrevivan a la coyuntura.
Lo cierto es que los contratos del litio serán un testimonio de qué tan capaces somos de pasar de la improvisación a la planeación, porque detrás de cada modelo contractual no solo se juega un interés económico, sino un principio más profundo: la obligación de responderle a la Nación con resultados, y no con promesas.
Al final, la pregunta no es qué tipo de contrato conviene, sino si tendremos la madurez institucional para hacer de esos contratos un verdadero instrumento de soberanía. Esa es la lección más importante, y quizás también, la más difícil.
Abogado e ingeniero petrolero con más de 28 años de experiencia en el sector energético, especializado en derecho laboral, contratación pública y procedimientos administrativos. Es autor de libros, entre ellos Derecho de Vía y Ocupación Superficial.
