Hoy hacemos una pausa para detenernos en uno de los temas más delicados, novedosos y, quizá, más preocupantes en la agenda nacional: las pensiones y las jubilaciones. En las últimas semanas he recibido llamadas, comentarios y reflexiones de colegas que me comparten la misma inquietud: ¿por qué el gobierno insiste en implementar cambios que, lejos de fortalecer el sistema, ponen en riesgo derechos adquiridos y generan una ola de incertidumbre jurídica?
La discusión ha girado en torno a las vías legales de defensa. Algunos sostienen que lo procedente es un amparo indirecto, otros apuestan por el procedimiento ordinario laboral, y no faltan quienes proponen estrategias híbridas. Cada ruta tiene ventajas y desventajas, pero el verdadero problema no radica en cuál vía procesal tomar, sino en la premura y falta de planeación con la que se están tomando las decisiones de política pública en materia de pensiones.
Cuando la autoridad, en cumplimiento del mandato presidencial, dicta disposiciones que afectan directamente las condiciones de jubilación de los trabajadores, puede estar generando violaciones graves a derechos adquiridos. Estos derechos no solo están reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también en tratados internacionales que México ha ratificado y que, de acuerdo con el artículo 1.º constitucional, forman parte de nuestro bloque de legalidad.
El gran error es pensar que las pensiones son un "beneficio discrecional" que el Estado puede ajustar según convenga al presupuesto. En realidad, se trata de derechos sociales adquiridos, y como tales, cuentan con un blindaje jurídico robusto. Cualquier intento por disminuirlos o condicionarlos abre la puerta a un litigio masivo.
El costo oculto: pasivo laboral
¿Qué significa esto en la práctica? Que las reformas improvisadas en materia de pensiones se traducen en una avalancha de demandas contra las instituciones del Estado y contra las empresas productivas del país, particularmente en sectores estratégicos. Cada sentencia adversa no solo implica un costo económico inmediato, sino que se acumula en el ya de por sí abultado pasivo laboral, una bomba de tiempo que compromete las finanzas públicas.
Este pasivo no es un asunto meramente contable. Representa la diferencia entre la confianza de un trabajador que se jubila con certeza y la angustia de aquel que siente que el Estado le ha arrebatado lo que ya había ganado legítimamente con años de servicio.
Inversión y confianza: la otra cara de la moneda
No podemos olvidar que México atraviesa uno de los momentos más relevantes de su historia reciente: una transición política que busca proyectar estabilidad y atraer inversión extranjera. El país está invitando a empresas y capitales a participar en sectores estratégicos, firmando contratos y diseñando esquemas de asociación.
Pero, ¿qué mensaje enviamos a esos inversionistas cuando, al mismo tiempo, violamos derechos adquiridos de nuestros propios trabajadores? ¿Cómo pedir que alguien confíe en nuestro marco jurídico si somos nosotros mismos quienes sembramos incertidumbre? La seguridad jurídica es un activo indispensable para la inversión; sin ella, cualquier proyecto se vuelve frágil.
¿Qué hacer? Las rutas legales
Las preguntas que más me plantean colegas y amigos son claras:
- ¿Qué se debe hacer en este momento?
- ¿Cuáles son las vías legales que pueden proceder?
- ¿Cuánto tiempo puede durar el litigio y hasta dónde se puede llegar?
La respuesta es que sí existen caminos jurídicos: el amparo directo sigue siendo una vía sólida para defender derechos humanos y laborales; el procedimiento ordinario laboral permite ventilar cada punto específico del reclamo; y en casos complejos incluso puede acudirse a instancias internacionales como la OIT o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero más allá de la estrategia procesal, lo que se necesita es voluntad política para detener la improvisación y construir una política pública de pensiones que sea sostenible y respetuosa de los derechos adquiridos.
Muchos dicen que las pensiones son un tema "del pasado", que ya no debería preocuparnos. Pero lo cierto es que son el verdadero termómetro de la relación entre Estado y sociedad. Como me decía mi padre: "De nada sirve un trabajo bien hecho, si se queda guardado en una computadora". Lo que importa es llevar las decisiones al terreno de la realidad, traducirlas en justicia social y en seguridad jurídica.
Si seguimos tomando decisiones apresuradas, lo que obtendremos no será soberanía ni desarrollo, sino conflictos judiciales, pasivos crecientes e inversión contenida. Y entonces, la gran promesa de un país fuerte y justo se volverá a quedar en palabras.
La soberanía se ejerce, sí, pero se ejerce con responsabilidad, con instituciones sólidas y con respeto a los derechos adquiridos. Solo así podremos enfrentar el reto de las pensiones y jubilaciones sin condenarnos a repetir errores del pasado.
