Hablar de impuestos suele incomodar, pero es inevitable. Son la base de la educación, la salud, la infraestructura y, en última instancia, de la confianza en el Estado. En México, el desafío no está solo en cuánto se recauda, sino en la distancia que existe entre las leyes y la realidad de millones de contribuyentes.
Al final, el impuesto tiene un objetivo sencillo: recaudar recursos para que el país pueda crecer, desarrollarse. Sin embargo, México recauda apenas el 16 por ciento de su PIB en impuestos, casi la mitad del promedio de la OCDE. Detrás de ese número hay más que estadísticas: hay un sistema que muchos no entienden, otros no quieren seguir y que, en consecuencia, deja al país con menos recursos para su propio desarrollo.
El gobierno, con razón, ha intentado cerrar huecos: emite lineamientos, endurece reglas, fiscaliza, pero la verdad es que seguimos viendo esquemas de evasión y, sobre todo, los famosos ‘factureros’, que no son más que una respuesta creativa, pero ilegal, a un sistema que resulta casi imposible de entender.
Un sistema que educa poco y castiga mucho, pues lo que más me preocupa es que las leyes fiscales mexicanas son tan complejas que ni siquiera quien quiere cumplir puede hacerlo con facilidad. Entre ISR, IVA, deducciones, acreditamientos, regímenes y excepciones, se necesita casi un posgrado para no equivocarse.
Y aquí está el verdadero punto débil: en México, la mayoría no tiene educación financiera. El resultado es predecible:
Los que quieren cumplir se pierden entre trámites y errores.
Los que no quieren, encuentran huecos para evadir.
Es un círculo que me recuerda algo: de nada sirve llenar las cárceles si no educamos para evitar el delito. Con los impuestos pasa igual: de nada sirve endurecer castigos si no enseñamos, si no hacemos accesible el cumplimiento.
En las últimas semanas he leído periódicos, notas, y en las reuniones todas las preguntas son las mismas: "¿Qué hacemos? ¿Cuál es la vía legal correcta? ¿Hasta dónde puede llegar el gobierno?". Mi respuesta es clara: podemos discutir amparos, procedimientos ordinarios laborales o fiscales… pero si el problema de fondo sigue ahí, no habrá juzgado que alcance. El país no vive de litigios, vive de ingresos reales.
México tiene la oportunidad de proponer un esquema que premie la formalidad, en lugar de solo perseguir la informalidad, pero como decía mi jefa: si solo nos quedamos en decir en qué está mal y no proponer nada, resulta más fácil la crítica; 'el que se opone, propone', por lo que, entre diversas opiniones de amigos y colegas, y por qué no un programa de regularización extraordinario, de un año, en el que se permita a los contribuyentes declarar lo que ganan, un plan piloto sería la creación de un régimen único y proporcional: temporalidad, un año; tasa fija sobre ingresos declarados vía CFDI y pagar un porcentaje fijo, 6 por ciento o 7 por ciento, sin miedo a represalias ni listas negras.
Con esto se obtendría simplicidad administrativa, mayor cumplimiento y combate a la evasión; el contribuyente solo paga un porcentaje mínimo de lo que factura. Esto generaría un mayor cumplimiento al ser más fácil, y fomentaría que el contribuyente formalice sus ingresos, y esto ayudaría a combatir la evasión.
Seamos realistas: hoy, los 'factureros' cobran justamente ese porcentaje por maquillar ingresos. Ahora, ¿qué pasaría si el gobierno ofreciera una vía legal con esa misma tasa? Recuperaría recursos que hoy se pierden y ampliaría la base de contribuyentes.
Es, en esencia, un régimen simplificado de tributación, no para siempre, sino como un puente: para acercar a la formalidad a quienes hoy están fuera, para demostrar que cumplir no tiene que ser un tormento.
Hemos escuchado muchas veces que 'las guerras se ganan con dinero y más dinero'. Podemos entablar juicios millonarios, llenar tribunales de amparos, pero, repito, el país no vive de litigios, vive de los recursos que llegan, de los impuestos que financian nuestro desarrollo.
Hoy la pregunta no es si debemos recaudar, sino cómo vamos a lograr que la gente quiera cumplir. Y la respuesta no puede ser solo con castigo. Debemos educar, simplificar y crear incentivos. Si no lo hacemos, los 'factureros' seguirán encontrando espacio y el país seguirá perdiendo.
El momento de actuar es ahora: o construimos un nuevo pacto fiscal basado en confianza y educación, o seguiremos pagando el precio de un sistema que castiga más de lo que enseña.
