El libre tránsito es un derecho fundamental, el problema en nuestro país es que éste no se respeta; en zonas del país es el crimen organizado el que lo limita a través de retenes, mientras en otros es la autoridad quien, para obtener dinero mediante extorsiones, se apodera del ejercicio.
En Sonora, no es ni uno ni otro, sino ciudadanos comunes que se escudan en la permisividad y en la impunidad que florece en los gobiernos de los tres niveles.
Te podría interesar
Los yaquis que bloquean carreteras federales a escasos metros de patrullas de la Guardia Nacional son un ejemplo muy claro; más allá de sus búsquedas sociales, políticas e históricas, los miembros de la tribu impiden el libre tránsito de miles de ciudadanos diariamente, es decir, anteponen sus exigencias al bienestar común.
Y si, como pasó el fin de semana, tienden a agredir a otros ciudadanos, estamos ante el uso de la fuerza de forma monopólica, lo que llega tras reconocer que no habrá autoridad alguna que les ponga un freno porque no resulta políticamente correcto.
Pero no es el único caso en el estado en donde los gobiernos envían mensajes de impunidad; no solo las carreteras están tomadas por ciudadanos que se organizan para delinquir o segar los derechos de otros.
Vivimos en Sonora a merced de grupos que deciden controlar parte de la cotidianeidad por la ineficiencia gubernamental de encontrar soluciones a las demandas, de hacer política real y verdadera, la única que vale: la que permite llegar a acuerdos y resolver los conflictos.
La forma tan contundente con que las autoridades optan por que la impunidad domine, porque la justicia no aparezca, porque la legalidad se desprecie, abruma y asusta.
Con tal de no reconocer su pequeñez, con tal de no dejar ver su incompetencia, prefieren que todo pase, aunque eso signifique dejar solos a los gobernados.
@cmtovar